Estitxu Ugarte
A pesar de las alarmas e insistencia de algunas inspecciones provinciales y asociaciones del sector, el Gobierno ha permitido la existencia de cientos de empresas que utilizan de forma fraudulenta la figura legal de la cooperativa para hacer el negocio del siglo. La extensión de su actividad está generando una competencia desleal y ha supuesto, además, una precarización alarmante de las condiciones de trabajo de los transportistas