El conflicto en el este de Europa, que ha disparado el precio de los productos energéticos y la inflación, reactiva el debate sobre la relocalización industrial.
El sector del transporte y la logística no gana para sustos desde los últimos dos años. Primero la pandemia, un duro golpe que aún sigue acusando. Luego, el incidente del canal de Suez, que puso patas arriba el comercio internacional. Y poco después, la crisis global de las cadenas de suministro, fruto del repunte de la demanda, junto a la falta de contenedores y escasez de transportistas, provocando inestabilidad en los precios, retrasos en las entregas y desabastecimientos. Y ahora, la invasión de Rusia a Ucrania, dos países en el Top 20 de socios comerciales de España, que representan a los principales actores mundiales en el suministro de minerales, hidrocarburos, energía y alimentos. Una guerra en el este de Europa que supone un nuevo ‘test de estrés’ para las cadenas logísticas, ya de por sí tensas, y vuelve a poner encima de la mesa el debate de la relocalización de la producción.
“Esta circunstancia, así como la tensión en la cadena de suministro que llevamos padeciendo desde hace dos años, está provocando la transformación hacia una cadena de suministro más corta, más próxima al cliente final y que no esté basada exclusivamente en costes, sino en eficiencia y garantía de aprovisionamiento ante situaciones imprevistas”, subraya Francisco Aranda, presidente de UNO.
Los primeros efectos de esta crisis geopolítica, con graves consecuencias para la economía, ya se están empezando a notar. Falta de materias primas y fuerte aumento de los precios, en una coyuntura inflacionista. El ejemplo más palpable de este nuevo escenario se observa en los surtidores. Los productos energéticos se han disparado y los transportistas advierten de una “debacle económica, debido al desabastecimiento de todo tipo de bienes”, si el Gobierno no adopta de “forma inmediata medidas excepcionales” para ayudar a las empresas de transporte por carretera ante la “descontrolada” escalada de precios de los combustibles, tanto del gasóleo como del gas natural. La patronal Astic recuerda que la CE ha abierto la mano para que los países miembros puedan regular los precios de la energía en circunstancias excepcionales. “Esperamos que nuestro Gobierno actúe en consecuencia”, apunta el vicepresidente ejecutivo de Astic, Ramón Valdivia.
El propio Comité Nacional del Transporte por Carretera había reclamado, al cierre de esta edición, una reunión “urgente” al presidente Pedro Sánchez para la aplicación de “soluciones efectivas a la crisis provocada por la volatilidad del precio de los combustibles”.
Éxodo de chóferes ucranianos
Además del extracoste de llenar el depósito, una media de 2.000 euros más al mes por camión que hace un año, el conflicto también está afectando a las empresas de transporte internacional por carretera con conductores ucranianos en sus plantillas, que han puesto rumbo a su país para ayudar a sus familiares o luchar en el frente.
Las previsiones no son halagüeñas, sobre todo teniendo en cuenta que la invasión rusa a Ucrania podría prolongarse en el tiempo, recortándose las previsiones de crecimiento.
“Ya hay sectores económicos muy expuestos en su cadena de suministro, como consecuencia de la guerra”, apuntan desde UNO. En concreto, la patronal logística señala a la alimentación, automoción, tecnología y energía. Pese a que “la economía europea no tiene un elevado número de proveedores rusos y ucranianos en su primer nivel de relaciones”, estos “van ganando protagonismo a medida que se escala en las cadenas de suministro y, más especialmente, cuando llegamos a las materias primas que favorecen el proceso productivo”, destaca el presidente de la organización empresarial, Francisco Aranda.
Marejada en los puertos
Uno de los modos de transporte más afectados es el marítimo. No en vano, más del 99 por ciento de las importaciones de España con Ucrania y Rusia se realizan por esta vía. Además, grandes navieras se han sumado al bloqueo económico a Rusia, suspendiendo el tráfico de contenedores con el país.
Igualmente, se prevé que el espacio aéreo siga sufriendo limitaciones. El Gobierno de Sánchez ha cerrado el espacio aéreo español a las aerolíneas de carga rusas, en el marco de las sanciones económicas aprobadas por la Unión Europea. AirBridge Cargo, la cuarta compañía en tráfico de carga en los aeropuertos españoles, es la más afectada por esta decisión. La aerolínea rusa está obligada a dejar de operar sus vuelos cargueros en los aeropuertos de Madrid-Barajas y Zaragoza. Esta prohibición se extenderá por un período de “al menos tres meses”, según ha confirmado a este periódico Jimmy Rouard, Branch Manager de Airnautic en España, compañía GSA con la que trabaja la aerolínea AirBridge Cargo en los aeropuertos de nuestro país.
Otro de los modos afectados será el ferroviario, al interrumpirse el paso a los trenes que unen China con Europa, una alternativa al alza ante los problemas del transporte marítimo, según expertos del sector.
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