La planificación y la expansión de las infraestructuras portuarias en el Reino Unido son una pesadilla para el Gobierno de Downing St. Los procedimientos de participación son interminables y no ofrecen ningún punto de referencia para la industria portuaria. Por ello, el pasado mes de noviembre, el ejecutivo presentó un documento para una nueva política portuaria: el National Policy Statement. Dicho documento propone un nuevo procedimiento para la expansión portuaria y anuncia la creación de una comisión de planificación de la infraestructura que juzgará los nuevos planes portuarios.
A finales del mes de enero, los parlamentarios de la Comisión de Transportes del parlamento británico solicitaron su opinión a la Asociación Portuaria Británica, al Grupo de Puertos Principales del Reino Unido, y a las empresas Associated British Ports, Peel Ports y Hutchison Ports. Tres de los cinco representantes se pronunciaron en contra de la nueva política, aunque se mostraron dispuestos a participar con los poderes públicos para reformar el documento. Sin embargo, uno de ellos expresó sus reservas con respecto a la capacidad de la comisión para exigir prioridades en los planes portuarios.
Asimismo, los representantes portuarios británicos se oponen a la sugerencia parlamentaria de que la nueva política sólo sea aplicable a casos específicos, ya que esto significaría en la práctica que los poderes públicos podrían decidir qué puertos serán desarrollados y cuáles no. El Grupo de Puertos Principales del Reino Unido señaló que la nación siempre ha desarrollado una política portuaria general que nunca estuvo dirigida específicamente a ciertos puertos. Esto ha redundado en el beneficio económico del país, ya que el desarrollo de nueva capacidad portuaria siempre se ha llevado a cabo en los lugares y momentos óptimos y en función del mercado, además de no suponer ningún coste para los poderes públicos.
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