La reciente sentencia del Tribunal de lo Mercantil Nº 8 de Madrid, que acredita las prácticas desleales de Renfe Mercancías en el negocio del transporte combinado, no tiene desperdicio. El fallo, que estima la demanda presentada por la patronal de combinado UOTC, a través de su casa madre Astic, contra la pública por competencia desleal, es un relato pormenorizado de la infamia, que diría Borges, de cómo se ha venido gestionando Renfe Mercancías desde la liberalización del mercado del 1 de enero de 2005.
La sentencia del magistrado Francisco de Borja Villena no sólo consigna como Renfe Mercancías ha abusado de su casi monopolio de facto para estrangular a sus clientes de combinado, empresas pioneras de transporte por carretera que apostaron decididamente por aliarse con el tren para mover sus cargas, mediante la imposición de unos precios que la pública subió de la noche a la mañana, sin negociación previa, entre un 41 y un 182 por ciento.
Es mucho más lo que dice el fallo: “De lo acreditado en autos (téngase particularmente en cuenta que la demandada ha dejado de hacer cualquier esfuerzo probatorio técnico económico…), la elevación exponencial del precio de sus servicios ejecutada por Renfe no responde a un nuevo sistema de cálculo de costes empresariales, que no se justifica hecho con rigor, es más, ni siquiera realizado, sino a la necesidad de nueva financiación propia por la disminución de las aportaciones del Estado”. Este párrafo del magistrado, en su diáfana literalidad, no necesita comentario alguno.
Cualquier bisoño estudiante de Económicas y Empresariales, sin ser portador de un caletre superlativo, sólo tirando de un escandallo de manual, habría atinado a realizar un cálculo de costes para la pública, teniendo en cuenta que el competidor de Renfe Mercancías es el transporte por carretera y no sus propios clientes de combinado. Pero los gestores de Renfe Mercancías, en palabras del propio magistrado que les enmienda la plana, se han pasado por el arco del triunfo los criterios más elementales de la lógica empresarial, yendo, para mayor escarnio, en contra de los mismos, pues para algo disparan con pólvora del rey, un tópico que no por manido deja de ser una preocupante y sangrante realidad.
Merece la pena recordar las declaraciones que Juan Fernández Álvarez, siendo director general de Renfe Mercancías e inventor de la cosa, realizó a TRANSPORTE XXI en octubre de 2005, cuando la liberalización estaba aún en pañales: “Estamos empezando a conocer las cuentas de explotación y los resultados de cada nicho de mercado (de Renfe). Nos ha costado mucho porque no había (en Renfe) cultura de cuentas”.
A más a más: “Tenemos que darle un vuelco al negocio de las mercancías e imponer un nuevo modelo de gestión”. ¡Cuántas y tamañas galanas! Cuatro años y medio después, con un equipo al frente de Renfe Mercancías que es casi el mismo que parieron los ilustres ciudadanos Fernández y Salgueiro, el titular del juzgado de lo Mercantil Nº 8 de Madrid viene a confirmar lo que ya se barruntaba, que la ferroviaria es un piélago de befas contra sus clientes y accionistas todos que somos, a los que nos han tomado de mingo.
El ministro de Fomento, José Blanco, tendría que tomar buena nota de la sentencia judicial que acredita la competencia desleal de Renfe Mercancías en el negocio intermodal, una práctica que mantiene el operador, y adoptar medidas contundentes, que no son otras que cesar ipso facto al equipo gestor que está al frente de este negociado. Lo contrario pondría en entredicho el mensaje que el propio Blanco viene repitiendo una y otra vez desde que se hiciera con la cartera de Fomento hace ahora una año. Blanco asegura que el transporte intermodal, es decir, el ferrocarril para carga, es un puntal necesario para mejorar la competitividad de la economía nacional.
Pues bien, este discurso no se compadece en absoluto con el mantenimiento en el cargo de unos gestores que han hecho de la competencia desleal moneda de uso corriente en Renfe Mercancías, que, con una cuota de mercado del 98 por ciento desde la liberalización, tiene que jugar un papel principal en elevar la intermodalidad donde el ministro pretende y el país necesita. Lo contrario, nadie lo entendería.
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