La ex junta directiva de la asociación de autónomos perseguía “la obtención de dinero y el consiguiente monopolio del transporte de contenedores”, según el auto del juzgado.
El juzgado que instruye el caso contra la ex junta directiva de Transcont ha cerrado la investigación. El auto judicial considera que hay indicios de asociación ilícita y extorsión, mientras que archiva las acusaciones de apropiación indebida, amenazas, coacciones, daños, delito contra la Hacienda Pública y blanqueo de dinero
El juzgado de instrucción número 17 de Barcelona ha cerrado la investigación contra la ex cúpula directiva de Transcont por presuntas prácticas mafiosas. El caso se abrió en mayo de 2006 a raíz de la operación emprendida por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ante las denuncias presentadas por la Autoridad Portuaria de Barcelona y Ametraci, asociación de transportistas que también opera en el puerto. El auto del juzgado ve indicios de delitos por asociación ilícita y extorsión de la ex junta directiva de Transcont, mientras que archiva el resto de acusaciones: apropiación indebida, amenazas, coacciones, daños, delito contra la Hacienda Pública y blanqueo de dinero.
En la línea de lo denunciado por el Ministerio Fiscal, el auto judicial señala que, de acuerdo con las investigaciones, Antonio García, ex presidente de Transcont, Manuel Martorell, ex vicepresidente, y el resto de miembros de la junta directiva Rafael Alcántara, Rafael Molina y José María Bragado, así como los socios Luis Valverde y José Luis Pulido crearon “un estado de temor contra todo aquel transportista que no perteneciera a Transcont en el interior de las terminales del puerto de Barcelona”. Los denunciados “obligaban” al resto de trabajadores autónomos, “que intentaban trabajar con las necesarias garantías físicas y materiales en el puerto de Barcelona, a asociarse a Transcont”. Utilizaban los “daños” a los vehículos y las “amenazas” contra los autónomos para que éstos “compraran un número identificativo de la entidad”.
“Ante el miedo a represalias, los transportistas amenazados o cuyos camiones habían sufrido algún tipo de desperfecto o quema se asocian a Transcont”, señala el auto judicial. “Les hacen firmar un contrato de donación por el que entregan de 6.000 a 24.000 euros” a cambio del número identificativo. Se asocian a Transcont y pagan, pero son “colaboradores sin derecho a ser socios ni a participar en las asambleas”. Los denunciados actuaban a través de la sociedad BCN Transcontibérica de Transporte de Contenedores, en la que el administrador era Antonio García y figuraban como apoderados Manuel Martorell y José María Bragado.
En definitiva, la ex junta directiva de Transcont perseguía “la obtención de dinero y el consiguiente monopolio del transporte en el puerto”. De todo esto se desprenden indicios de delitos de “asociación ilícita” y “extorsión continuada”. La pena máxima por extorsión es de cinco años y por asociación ilícita de cuatro. Ametraci ya ha anunciado que recurrirá las acusaciones que han sido archivadas por el juzgado. “El auto es contradictorio. Además, el proceso está en fase de si se dan o no indicios de delito sobre toda una denuncia conjunta, no una parte sí y otra no”, señalaron fuentes jurídicas de Ametraci.
Una vez concluida la investigación, la Autoridad Portuaria y Ametraci deben formular sus respectivos escritos de acusación y, posteriormente, los letrados de Transcont el de defensa. Con toda la información, el juzgado decidirá si archiva el caso o pasa el expediente a juicio. “Con seguridad, irá a la Audiencia Provincial de Barcelona”, aseguraron fuentes próximas a la investigación. La ex junta directiva de Transcont tiene otro frente abierto en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (antiguo Tribunal de Defensa de la Competencia), que se pronunciará en breve sobre el presunto pacto de tarifas del transporte de contenedores en el puerto, caso en el que también está implicada ALTC, entidad que agrupa a la mayoría de empresas de transporte.
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