Los transportistas denuncian que la futura Ley de Transporte de Castilla y León concentrará las ayudas en una élite de empresas.
La Junta de Castilla y León consolida al modelo Cylog como el emblema de su política logística en el marco de la futura Ley de Ordenación del Transporte de la región. Los transportistas denuncian que con esta nueva legislación se concentrarán las líneas de subvención en una élite de empresas vinculadas a la red Cylog.
El anteproyecto de Ley de Ordenación del Transporte de Castilla y León que ha elaborado la Dirección General de Transportes de la Consejería de Fomento de la Junta está levantando ampollas en el sector del transporte regional. El anteproyecto consolida el papel del modelo Cylog como “emblema de la política regional en el transporte de mercancías y de la logística”, según se señala en el citado documento al que ha tenido acceso este periódico.
Fuentes próximas a la patronal Fetracal denuncian que la preponderancia que se le dará al Cylog en la futura Ley permitirá que las líneas de subvenciones y ayudas del Gobierno regional se sigan volcando en él y en una élite de empresas vinculadas a su red. En este sentido, las citadas fuentes ponen como ejemplo el plan de ayudas públicas que se puso en marcha a finales del pasado año con el objetivo de potenciar las centrales de compras del modelo Cylog, para así “obtener ventajas financieras y precios más competitivos en el aprovisionamiento de combustible”.
A través de la sociedad pública regional Somacyl, la Junta ofreció cobertura a las compras y aplazamiento del pago ante las empresas proveedoras de gasóleo por medio de una línea de avales, por un importe de 12 millones de euros. Las ayudas se han concentrado en menos de una decena de empresas de gran tamaño que realizan autoconsumo, es decir, que disponen de surtidor propio en sus instalaciones, dejando fuera a la gran mayoría del sector, que concentra a más de 10.000 empresas en la región.
En la práctica, con esta nueva legislación “a las empresas de transporte prácticamente se nos obligará a vincularnos al Cylog para poder acceder a ayudas y esto nos parece que es anticonstitucional”, lamentan las citadas fuentes. En el sector pretenden que la normativa se eche atrás antes de su aprobación en las Cortes regionales. Además, mantienen su reclamación para que se elimine el recargo autonómico sobre el impuesto de hidrocarburos, es decir, el nuevo céntimo sanitario.