La Junta de Castilla-La Mancha, al rescate del ruinoso aeropuerto privado de Ciudad Real

Gobierno del PSOE y oposición del PP alcanzan una extraña sintonía para comprar con dinero público y en plena crisis una pista sin actividad y con pérdidas de 150 millones.

La Junta de Castilla-La Mancha pretende socializar las pérdidas del aeropuerto privado de Ciudad Real. Tanto el Gobierno del PSOE como la oposición del PP, están en sintonía sobre la posibilidad de que la Junta asuma con dinero público el accionariado de CR Aeropuertos, propietaria del ruinoso aeródromo, para garantizar la viabilidad del mismo

La Junta de Castilla-La Mancha se prepara para acudir con dinero público al rescate del ruinoso aeropuerto privado para uso público de Ciudad Real, tan solo año y medio después de su puesta en marcha. Sólo falta por decidir el método a emplear, pero tanto el Gobierno socialista de la región como la oposición popular coinciden en la necesidad de dotar al proyecto de viabilidad a través de la inyección de capital público. El pasado 27 de mayo era la fecha prevista para que el pleno de las Cortes regionales aprobase la propuesta del grupo socialista para la concesión de un aval por un importe de 140 millones de euros a la sociedad CR Aeropuertos, propietaria del aeródromo manchego.

Sin embargo, a última hora, el presidente José María Barreda, instó a su partido a retirar la misma, al haber hecho pública el Partido Popular una propuesta alternativa que pasaría por sustituir el aval por la compra de las acciones de la sociedad propietaria del aeropuerto. Barreda explicó que la propuesta de aval se retiraba en aras a consensuar una propuesta “conjunta y unitaria” en torno a un planteamiento para “ayudar o salvar desde lo público el aeropuerto” y que la alternativa expuesta por el PP le parecía “relevante”. Al cierre de esta edición, ambos partidos se preparaban para iniciar una ronda de contactos en torno a este asunto.

En cualquier caso, la viabilidad del aeropuerto de Ciudad Real, en entredicho desde antes de su construcción, parece conducir a un único camino: el capital público. Desde el PP se considera que una vez abocados al rescate público, es más lógico si éste conlleva hacerse con el control de la infraestructura que apostar por la fórmula del aval, puesto que están convencidos de que “ese aval se tendría que ejecutar”.

Y las cifras que se manejan no son moco de pavo. El aval propuesto inicialmente por el PSOE ascendía a 140 millones de euros, una cifra cercana a la cantidad que desde el PP consideran que se eleva la deuda actual del aeropuerto. Si se opta finalmente por la alternativa de ‘expropiar’ el aeropuerto, queda por ver el importe a pagar por las acciones de una sociedad cuyo capital social actual es de 156 millones de euros. En resumen y obviando el posible importe de la compra de acciones, la operación de ‘nacionalización’ del aeródromo todo apunta a que representará una millonada, si tenemos en cuenta que lo que se pretende hacer es sanear el aeropuerto desde la gestión pública, para asegurada la viabilidad del proyecto proceder a su venta al sector privado.

Algo que, a día de hoy al menos, suena más cercano a la utopía que a la realidad. El faraónico y ruinoso proyecto de aeropuerto privado se ha convertido en la práctica en un pozo sin fondo aspirador inagotable de caudales públicos, de forma directa o indirecta. Para empezar, prácticamente el cien por cien de la financiación bancaria del proyecto, que se cifra en 336 millones de euros, corrió a cargo de Caja Castilla La Mancha (CCM), en lo que todo apunta que ha sido el factor clave que contribuyó a que la caja acabase siendo intervenida por el Banco de España para evitar su quiebra. Por tanto, de las inyecciones de capital público a esta caja para asegurar su viabilidad, parte de la responsabilidad se le puede achacar al aeropuerto.

Ayudas públicas Pero es que, además, “entre Junta, Diputación, ayuntamientos y demás organismos públicos se ha estado subvencionando de forma directa o indirecta al aeropuerto en cantidades que conjuntamente superarán los 100 millones de euros”, ha señalado a este periódico el coordinador de Izquierda Unida en Ciudad Real, Miguel Ramírez. El dinero público habría fluido a través de “programas de formación, promociones turísticas y publicidad, etc”.

Por este motivo, desde Izquierda Unida, fuerza extraparlamentaria a nivel regional, consideran que “es injusto que se empleen tantos millones para volver a pagar algo que ya ha costado mucho dinero a las arcas públicas, mientras que el resto de empresas de la región reciben escasa ayuda”. Algo que, por cierto, también ha denunciado el presidente de la patronal regional Cecam, Ángel Nicolás. Por eso, la alternativa para Ramírez es clara, “que no se intervenga y se deje a esta sociedad llegar al concurso de acreedores, para que así pueda intervenir una administración concursal fiable que determine la viabilidad del proyecto y que adapte el negocio a sus posibilidades reales”.

Bono y el entorno de Barreda

El proyecto de aeropuerto de Ciudad Real contó desde el principio con la máxima complicidad del entonces presidente de la Junta, José Bono. Entusiasmo que alimentó su sucesor, José María Barreda, natural de Ciudad Real. Además del paisanaje, a Barreda se le adjudica un alto grado de amistad con algunos de los principales impulsores del proyecto, como el ideólogo del mismo, presidente de CR Aeropuertos y de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, Juan Antonio León Triviño.

Además, se le apunta también amistad con otros accionistas de referencia, como son los empresarios Domingo Díaz de Mera, Antonio Miguel Méndez Pozo y los hermanos Antonio e Ignacio Barco, todos ellos vinculados al sector del ladrillo y accionistas principales de la sociedad Inversiones Aeroportuarias del Centro, a la sazón propietaria del 42,75% del capital de CR Aeropuertos. CCMes el otro accionista de referencia de CR Aeropuertos, con una participación del 30,11%.