Tenerife puede perder 74 millones de euros de fondos europeos si no se realiza la obra.
La justicia canaria se ha envuelto en el ecologismo y ha dejado en el aire el futuro de Granadilla tras haber suspendido la descatalogación de un bosque marino en la zona de construcción del nuevo enclave. El puerto de Tenerife ha paralizado la obra y podría perder 74 millones de fondos europeos si la nueva dársena no se lleva a cabo
La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, que preside Pedro Rodríguez Zaragoza, ha paralizado las obras de construcción del abrigo del futuro puerto de Granadilla tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) del pasado 23 de febrero de suspender la descatalogación de los sebadales (bosque submarino), que se verán afectados por la construcción de la infraestructura portuaria. La descatalogación de los sebadales fue aprobada por el Gobierno de Canarias, una decisión que permitió iniciar los trabajos de construcción de la nueva dársena el pasado 13 de febrero.
Fuentes de la Autoridad Portuaria han señalado que “se ha decidido parar en las labores de forma cautelar hasta que haya un pronunciamiento del juez”. Unas obras que sólo han tenido “una duración de diez días con la descarga de escollera”, ya que el tribunal canario aceptó la petición de la asociación Ben Magec-Ecologistas en Acción de suspender cautelarmente la descatalogación de los sebadales de Granadilla.
El abogado del Estado que representa a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Hernández, solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias el levantamiento de la medidas cautelares adoptadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo, exigiendo a los ecologistas demandantes un aval de 31 millones de euros, que es lo que la Autoridad Portuaria calcula de pérdidas de fondos europeos en el caso de que la construcción del puerto estuviera paralizado durante los próximos nueve meses, algo que el tribunal canario no ha tenido en cuenta.
Los daños estimados por la Autoridad Portuaria pueden llegar a los 74 millones de euros que es lo que se perdería de financiación de la Unión Europea si no se construyera el puerto, aparte de las posibles indemnizaciones a las constructoras. Granadilla supone una inversión que asciende a un montante de 380 millones de euros, de los que 114 millones forman parte del grueso de la obra de abrigo ya adjudicada a la UTE formada por FCC, Sato y Promotora Punta Larga. El puerto de Tenerife espera que las obras se puedan reanudar a la mayor brevedad, ya que el auto es una medida cautelar, que viene a suponen un nuevo retraso en el proyecto de ampliación en el sur del enclave canario.
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