La Audiencia Nacional obvia la investigación de la Ertzaintza y archiva de forma provisional la causa contra Sintrabi y empresarios por presuntas ‘prácticas delictivas’.
La Audiencia Nacional deja en manos del Gobierno vasco acabar con el ‘cártel’ del puerto de Bilbao tras echar por tierra la investigación de la Ertzaintza contra Sintrabi y empresarios de la dársena por presuntas ‘prácticas delictivas’. El Juzgado número 6, que hace dos años detuvo a 19 personas, archiva, ahora, provisionalmente la causa
La pelota para poner fin a las prácticas restrictivas a la libre competencia en la contratación de los servicios de transporte por carretera en el puerto de Bilbao vuelve a estar en el tejado del Gobierno vasco. La denuncia presentada por el Ejecutivo de Ibarretxe en marzo de 2005 contra la cúpula del sindicato Sintrabi por “una serie de actuaciones y prácticas que podrían constituir delito de extorsión y asociación ilícita” ha caído en saco roto. La Audiencia Nacional echa por tierra la investigación de la Ertzaintza, basada en su mayor parte en escuchas telefónicas, y decreta, de “forma sorprendente”, según juristas consultados por este periódico, el sobreseimiento provisional de la causa abierta en 2006 contra los transportistas de la dársena, a la espera de pruebas concluyentes.
El Juzgado de Instrucción número 6, el mismo que hace dos años montó una espectacular operación policial en Vizcaya, que acabó con 19 personas detenidas, entre transportistas y empresarios del puerto de Bilbao, concluye ahora que “no queda debidamente justificada la perpetración del delito” en las numerosas diligencias practicadas. El magistrado Eloy Velasco asume el escrito presentado por la Fiscal Teresa Sandoval y señala, en un auto dictado el 27 de agosto, que no existen pruebas suficientes de que los imputados amenazaran a otros transportistas y causaran daños en sus vehículos para justificar un procedimiento penal.
El juez, no obstante, considera que sí queda acreditado que existen prácticas restrictivas a la libre competencia, con lo que deja abierta la puerta a un procedimiento administrativo por parte de Competencia, que, como ya adelantó este periódico, investiga de nuevo al sindicato Sintrabi por su presunta participación en el ‘cártel’ de transportistas del puerto de Bilbao. Las reacciones tras hacerse pública la decisión de la Audiencia Nacional no se han hecho esperar. El Gobierno vasco “acata el auto” y muestra su compromiso por “seguir trabajando con todos los agentes en el impulso de la competitividad del puerto de Bilbao”, según señalaron a este periódico fuentes del Departamento de Transportes y Obras Públicas. Por su parte, la Autoridad Portuaria de Bilbao, que preside José Ángel Corres, aseguró que no tenía “nada que comentar al respecto”.
Más contundente ha sido la Asociación de Consignatarios de Buques y Estibadores del puerto de Bilbao, que, a través de un comunicado, advierte que “los poderes públicos deberían reflexionar seriamente sobre lo exagerado y desmedido de algunas de sus actuaciones, que causan a ciudadanos honorables un daño que nadie va a resarcir. Y en un segundo plano -continúa el comunicado- no hay que olvidar el daño ocasionado a la imagen del puerto de Bilbao en su conjunto, y a todo el sector empresarial que vive del mismo”. Hay que recordar que entre las personas detenidas en la operación policial dirigida por el juez Juan del Olmo, titular en septiembre de 2006 del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, figuraban el entonces presidente de la patronal de consignatarios, Miguel de Aguirre, y uno de los vicepresidentes de la asociación, José María Egurrola.
Origen de las diligencias El origen de las diligencias judiciales se remonta a marzo de 2005, cuando el Gobierno Vasco pidió a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que investigase el sistema de contratación de los servicios de transporte por carretera en el puerto de Bilbao, dada la “posible existencia de un acuerdo entre empresas comercializadoras del transporte y Sintrabi, a través del cual impiden que transportistas ajenos al sindicaro entren en el puerto y carguen”. Este rígido sistema, en funcionamiento desde el año 1994, ha dado lugar a un mercado de compra-venta de licencias ilegales, que son ‘necesarias’ para poder operar en los muelles y por las que algunos transportistas han llegado a pagar más de 85.000 euros.
Las diligencias preliminares, realizadas por la Fiscalía en colaboración con la Ertzaintza durante varios meses, concluyeron con la presentación de una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Baracaldo (Vizcaya), en la que se imputaba a cuatro dirigentes del sindicato de transportistas Sintrabi por un presunto delito de asociación ilícita y otro contra los consumidores, ambos recogidos en el Código Penal. El caso recaló finalmente en el Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, que dirigía entonces el juez Juan del Olmo, que el 29 de septiembre de 2006 ordenó detener a 19 personas por ‘presuntas prácticas delictivas’ en el puerto de Bilbao. Entre los arrestados se encontraban los miembros de la junta directiva del sindicato Sintrabi y varios empresarios del puerto de Bilbao.
Todos los detenidos fueron puestos en libertad sin fianza y sin medidas cautelares tras prestar declaración, aunque Del Olmo mantuvo la imputación por presuntas ‘prácticas delictivas’. La operación causó un gran revuelo en la comunidad portuaria. El presidente del puerto de Bilbao, José Ángel Corres, no dudó en calificar como “desproporcionada” la actuación judicial y policial desarrollada por el juez Del Olmo y recalcó que “la única posibilidad que tienen las empresas para desarrollar su actividad es acogiéndose a la organización que en este momento impera, que no es la mejor ni es buena, pero es la que tenemos”.
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