El TSJ de Cataluña declara nula de pleno derecho la ordenanza fiscal del ayuntamiento de Barcelona que regula la tasa por aprovechamiento del espacio público para reparto de ‘ecommerce’.
La Justicia ha decidido poner freno a la conocida como ‘tasa Amazon’ que puso en marcha el ayuntamiento de Barcelona en 2023, al considerar que la tasa constituye en realidad un impuesto e infringe el principio de libre circulación de mercancías.
Más de un año después, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha emitido sendas sentencias en cuyo fallo estima los recursos contencioso-administrativos interpuestos por la patronal logística UNO y la Asociación Española de Empresas de Mensajería (AEM) contra el acuerdo del pleno del ayuntamiento de Barcelona de 24 de febrero de 2023.
En consecuencia, el TSJ de Cataluña declara “nula de pleno derecho” la ordenanza fiscal por la que se establece y regula la tasa por aprovechamiento especial del dominio público derivado de la distribución a destinos finales indicados por los consumidores de bienes adquiridos por comercio electrónico (Business to consumer, B2C)”, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 28 de febrero de 2023, según el fallo al que ha tenido acceso este periódico.
La tasa, que pretendía gravar a los operadores postales con el 1,25 por ciento de los ingresos en el caso de superar el millón de euros brutos anuales, se dirige al aparcamiento en el espacio público de vehículos que se dedican a la entrega de comercio electrónico en la ciudad de Barcelona. El Gobierno local estimaba unos ingresos anuales de 2,6 millones de euros por esta tasa.
Las principales organizaciones del sector, junto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), han coincidido en reclamar la desaparición de la tasa “por distorsión de la competencia”.
Como ya adelantó este periódico en pasadas ediciones, el objetivo de los recursos presentados por las asociaciones sectoriales se centra en paralizar judicialmente la tasa y, de paso, evitar que se produzca el temido ‘efecto llamada’ en otras ciudades españolas.
Se da la paradoja de que Amazon, compañía que daba oficiosamente nombre a la tasa al ser la compañía que más volúmenes de entregas domiciliarias mueve en la ciudad, está exenta del pago. Una sentencia de la Audiencia Nacional estableció que “Amazon no es un operador postal”.
Esta sentencia venía a dar respuesta al recurso presentado por el gigante del comercio electrónico contra una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que establecía que dos de sus filiales, Amazon Road Transport Spain y Amazon Spain Fulfillment, debían ser consideradas operadores postales y cumplir la normativa del sector postal. Competencia ha presentado recurso ante el Tribunal Supremo.
© 2024, todos los derechos reservados.