El intermodal terrestre o trasvase de mercancías de la carretera al ferrocarril atraviesa una crisis desoladora, con descensos pronunciados en los tráficos desde hace un lustro. La política comercial de Renfe, centrada desde hace unos años en promover el tren cliente frente al multicliente, se está convirtiendo en la tumba de este trasvase, porque son pocas las empresas de transporte por carretera que tienen capacidad para mover suficiente volumen como para llenar un tren completo.
El operador ferroviario público, centrado ahora en una loable política de mejora de su cuenta de resultados, ha optado no obstante por el camino más fácil, descabezando su servicio multlicliente a base de recortar el número de terminales operativas, las relaciones de tráfico y las frecuencias semanales. La decisión tiene mucho que ver, a buen seguro, con la mayor dificultad que atesora la comercialización de este servicio frente a la del tren completo, cuya venta de espacios recae en terceros, principalmente terminalistas y navieras.
De esta manera, el trasvase del marítimo al ferrocarril crece, pero el de la carretera se desploma. Buena cuenta de ello debería tomar el Ministerio de Fomento, adalid de la política de impulso al transporte intermodal en España.
La cartera de Ana Pastor está obligada a fomentar en serio y de una vez por todas este trasvase de cargas de las empresas de transporte por carretera al ferrocarril, para lo que tiene que impedir que el operador ferroviario público se enroque en limitarse a contemplar el multicliente como un servicio sin expectativas y en lenta agonía.
Máxime si tenemos en cuenta que este abandono de la intermodalidad terrestre lleva aparejado una infrautilización de activos públicos, ya se trate de terminales, locomotoras, vagones o medios humanos. Fomento debe llamar de inmediato al orden a Renfe en este asunto porque, de no ser así, el destrozo al intermodal terrestre puede resultar irreparable.
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