Alberto Camarero Orive. Prof. Dr. Universidad Politécnica de Madrid
Es totalmente necesario potenciar la profesionalidad del sector y terminar con la injerencia de la política en los puertos
El sistema portuario de titularidad estatal, bajo la autoridad de Puertos del Estado, ha sido uno de los motores de desarrollo económico y logístico del país, desempeñando un papel crucial en el comercio internacional y en la integración de las economías regionales con los mercados globales. Sin embargo, en un contexto donde las dinámicas comerciales y geopolíticas están cambiando rápidamente, resulta imprescindible reconsiderar la estructura y gobernanza de dicho sistema. La adaptación de los puertos a las nuevas exigencias del comercio global, la innovación tecnológica y la sostenibilidad ambiental requieren una nueva mirada que permita a los puertos operar con mayor flexibilidad, competitividad y eficiencia, y más en un mundo cada vez más inestable y con un futuro más imprevisible.
La estructura actual del sistema portuario español establece un modelo de gobernanza centralizado, con cierta descentralización operativa a través de las Autoridades Portuarias. Este sistema ha funcionado razonablemente bien en las últimas décadas, pero la nueva geopolítica mundial, la evolución del comercio marítimo, las alianzas de las navieras, las nuevas exigencias tecnológicas y medioambientales y la competencia internacional hacen necesario una actualización en la gobernanza de nuestros puertos.
Es preciso un modelo que otorgue mayor autonomía a las Autoridades Portuarias para que puedan diseñar estrategias adaptadas a su contexto regional y a las características particulares de su mercado y atraer inversiones privadas, mejorar la competitividad y agilizar la modernización de las infraestructuras portuarias.
La actual gobernanza no siempre facilita la rápida implementación de los avances tecnológicos, tan necesarios en la gestión portuaria, llegando al caso en que muchos puertos se ven limitados por procesos burocráticos que frenan la innovación. Además, el cumplimiento de normativas medioambientales y la presión por reducir las emisiones de carbono son desafíos que demandan una respuesta coordinada, pero flexible. Los puertos no pueden actuar como islas aisladas, sino que deben estar integrados en un ecosistema logístico y ambiental que abarque tanto a las ciudades en las que operan como a las rutas comerciales globales.
Con todo, la nueva gobernanza portuaria debería promover una mayor colaboración entre todos los distintos actores implicados, desarrollando espacios para la colaboración, donde el Estado mantenga su función reguladora, pero con un enfoque más ágil y eficiente. Además, es totalmente necesario potenciar la profesionalidad del sector y terminar con la injerencia de la política en los puertos, nombrando presidentes y directores con criterios técnicos y de mérito, y no con base en otras justificaciones que nada aportan al sistema.
Llegados a este punto, también es necesario revisar la composición del actual sistema, y sería conveniente dotar de un estatus especial para los puertos de Ceuta y Melilla en el sistema portuario dentro del actual marco de gobernanza. Ceuta y Melilla, por su situación geográfica, política y económica, requieren un enfoque diferenciado dentro de la estrategia portuaria nacional, ya que desempeñan un papel estratégico, no solo en el ámbito del comercio y de la movilidad, sino también en cuestiones fundamentales de seguridad y geopolítica.
Ceuta y Melilla son fronteras exteriores de la Unión Europea y, como tales, se enfrentan desafíos únicos relacionados con la seguridad y la inmigración. Los puertos de estas ciudades no solo deben gestionar el tráfico comercial, sino también estar preparados para afrontar crisis migratorias, problemas de seguridad fronteriza y tensiones geopolíticas con Marruecos. El establecimiento de un estatus especial debería considerar estas particularidades, reforzando la capacidad de los puertos para gestionar estas situaciones, y mejorar la coordinación entre las fuerzas de seguridad, los organismos fronterizos y las autoridades portuarias para asegurar un control efectivo, pero ágil, de las fronteras.
Además, para mejorar su posicionamiento en comparación con otros puertos cercanos en Marruecos, se hace necesario un plan estratégico que otorgue ventajas fiscales, logísticas y comerciales que fomenten su competitividad.
En resumen, el sistema portuario de titularidad estatal precisa de una nueva gobernanza que permita mayor flexibilidad, autonomía y capacidad de innovación. Es necesario seguir potenciando la formación del personal, acabar con la injerencia política y aplicar la meritocracia como elemento básico de la política de personal. Además, Ceuta y Melilla, debido a su singular situación geopolítica, deben recibir un tratamiento especial que les permita competir en igualdad de condiciones con otros puertos internacionales y contribuir al desarrollo económico local y a la seguridad nacional. Solo con un enfoque renovado y adaptado a los desafíos del siglo XXI podrán los puertos españoles seguir siendo motores de crecimiento y competitividad global.
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