Alberto Camarero Orive. Prof. Dr. Universidad Politécnica de Madrid
El articulista da continuidad a la Tribuna publicada en la edición del 15 de octubre
El sistema portuario de titularidad estatal en España, bajo la supervisión de Puertos del Estado, es una pieza clave en la integración económica y logística del país. La necesidad de un enfoque adaptado a las particularidades regionales, teniendo en cuenta las modificaciones que se implementaron en la modificación de la ley en 1997, dentro del pacto para la gobernabilidad del país, y la optimización de recursos debe ser la base para el impulso y el desarrollo de agrupaciones entre Autoridades Portuarias, que busquen incrementar la competitividad y eficiencia del sistema. En este contexto, podemos analizar algunos ejemplos ilustrativos de cómo se pueden afrontar los retos actuales de manera más coordinada y eficaz.
Una colaboración entre las Autoridades Portuarias de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife destacaría por su potencial de sinergias en un entorno donde la proximidad geográfica facilita una planificación conjunta. Ambas tienen un papel clave en las rutas transatlánticas y en el tráfico con África, lo que les permitiría fortalecer su posición competitiva al compartir recursos logísticos y estrategias comerciales. Una mejor coordinación podría traducirse en mayor capacidad para atraer inversiones, optimizar infraestructuras y ampliar la oferta de servicios, contribuyendo al desarrollo económico de las islas y al posicionamiento estratégico de sus puertos en el contexto global.
De igual modo, los puertos del suroeste peninsular, como Sevilla, Cádiz y Huelva, tienen la oportunidad de aprovechar su proximidad para desarrollar una red de colaboración que integre sus fortalezas individuales en un modelo de desarrollo portuario integral. Sevilla, con su particularidad de ser un puerto fluvial, puede beneficiarse de la conectividad y servicios marítimos que ofrecen Cádiz y Huelva, potenciando el tráfico multimodal y mejorando la competitividad de las cadenas logísticas. Una estrategia común permitiría enfrentarse a los desafíos de la sostenibilidad y la transición energética de manera más eficiente, compartiendo conocimientos y recursos.
Por lo que respecta a los puertos gallegos sería mucho más óptimo agrupar las Autoridades Portuarias de Coruña y Ferrol y de Vigo, Villagarcía de Arosa y Marín y ría de Pontevedra, ya que se enfrentan a retos particulares derivados de su ubicación en la fachada atlántica, con condiciones meteorológicas y oceanográficas desafiantes. Estas agrupaciones podrían traducirse en una mayor capacidad de gestión ante estos retos y en una mejora de la competitividad mediante la coordinación en la planificación de infraestructuras y servicios. Este modelo de agrupación permitiría a los puertos gallegos optimizar el uso de terminales especializadas y mejorar su posicionamiento en el comercio marítimo internacional.
Por su parte, los puertos asturianos de Gijón y Avilés también pueden encontrar en la colaboración una vía para potenciar su relevancia regional y nacional. La integración de sus capacidades permitiría un mejor aprovechamiento de recursos y una mayor adaptabilidad frente a los cambios en el mercado marítimo. Además, la unificación de esfuerzos en el cumplimiento de normativas ambientales y en la aplicación de tecnologías avanzadas podría situar a estos puertos en una posición más competitiva, alineada con las exigencias actuales de sostenibilidad.
Así, desde una perspectiva de eficiencia financiera y operativa, las propuestas de gobernanza que contemplan estas agrupaciones de autoridades portuarias (entre todas las posibles) buscan minimizar las duplicidades y mejorar la gestión de los recursos disponibles, siendo mucha más eficientes, operativa y financieramente, las agrupaciones consideradas. Tal como se destaca en los modelos de gobernanza expuestos, la creación de “fachadas marítimas” permitiría una racionalización de las infraestructuras y una gestión conjunta que optimizaría la asignación de recursos financieros y operativos. Este enfoque promueve una reducción de costes, al evitar inversiones duplicadas y fomentar la colaboración en proyectos de gran envergadura, lo cual resultaría en una mayor eficiencia global del sistema portuario.
En cuanto al papel de Puertos del Estado como regulador, es esencial para garantizar que estas agrupaciones se desarrollen bajo un marco de gobernanza que equilibre la autonomía local con la coordinación nacional. Puertos del Estado debe actuar como facilitadora, promoviendo un entorno en el que las Autoridades Portuarias puedan compartir mejores prácticas y fomentar la innovación sin perder de vista la regulación y el control necesarios para evitar distorsiones en el sistema. Este equilibrio es fundamental para asegurar que los intereses regionales se alineen con la estrategia portuaria nacional, favoreciendo un desarrollo armónico y competitivo que impulse el crecimiento económico del país.
En resumen, la integración de las Autoridades Portuarias en diferentes agrupaciones no solo permitiría una gestión más eficiente de los recursos y una respuesta más ágil a los retos del entorno marítimo actual, sino que también reforzaría la capacidad de innovación y adaptación de los puertos españoles. El papel de Puertos del Estado debe seguir evolucionando hacia un modelo que combine su función reguladora con una mayor flexibilidad y apoyo a estas iniciativas, garantizando que el sistema portuario continúe siendo un motor de competitividad y desarrollo.