Pese a que el texto final, principalmente gracias a los buenos oficios del grupo parlamentario de CiU, mejora un anteproyecto calificado inicialmente como de simple y llana agresión al sector por parte de los operadores postales privados, la nueva Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, aprobada hace tan solo unos días por el Congreso de los Diputados, no ha dejado ni mucho menos satisfechos a los competidores del operador postal público Correos.
Las compañías agrupadas bajo el sello de la patronal Asempre consideran que la nueva ley es discriminatoria, pues busca esencialmente “mantener a Correos en situación de privilegio”. Y para ello se apoyan en dos aspectos claves de la ley que dejan en situación de inferioridad al sector privado: la exclusividad de Correos en cuanto a la fehaciencia en las notificaciones y la diferente vara de medir en el caso del acceso a la red y la política de descuentos del operador público en el marco del Servicio Postal Universal (SPU).
Asempre considera que estos dos aspectos de la ley son consecuencia de una mala transposición por parte de las autoridades españolas de la Directiva Postal y se apoya además en las dos consultas positivas que ha llevado a efecto ante la Comisión Europea para estudiar promover una denuncia ante Bruselas.
Lo que parece claro es que los operadores postales privados están mostrando una paciencia ‘santojobiana’ con la Administración española y sus constantes desvelos por seguir perpetuando la posición preponderante de Correos en el panorama del sector postal español. Paciencia que tiene visos de acabarse.
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