En virtud de la ‘acción directa’ contemplada en la Ley 9/2013 por la que se modificó la LOTT, “el cargador principal y los intermediarios responden frente al transportista efectivo, a pesar de que al tiempo de recibir la reclamación de éste ya hubieran pagado al intermediario con el que hubieran contratado el servicio”, aseguró Jesús María Sánchez, secretario general de Atradice, en el marco de la jornada sobre el convenio CMR y novedades de la LOTT, organizada en Madrid por la Fundación Francisco Corell.
Sánchez puso como ejemplo que “ante el impago de un intermediario, si el transportista efectivo decide reclamar al fabricante, y a pesar de que cuando éste recibe la reclamación ya ha abonado su parte, está obligado también a pagar al transportista efectivo”, por lo que se vería obligado en la práctica “a pagar dos veces por el mismo servicio, sin perjuicio de su derecho a repetición”.
En este sentido, “la ‘acción directa’ es un instrumento jurídico novedoso sin precedentes en el ordenamiento jurídico español”, porque, si bien es cierto que “como toda ley nueva está sometida a un periodo de adaptación hasta que se cree un cuerpo de doctrina consolidado, pasado un tiempo será una garantía de pago eficaz y contribuirá a ordenar el sector del transporte por carretera, en beneficio de todas las partes que participan en el contrato de transporte”.
Sánchez aseguró, sin embargo, que “nos da pena que desde Fomento se esté diciendo que las Juntas Arbitrales no se van a declarar competentes en este asunto”. En ese sentido, “la solución que nos queda es intentarlo, a sabiendas de que cada junta arbitral es independiente y no hay una instrucción al respecto”. A su vez, José Manuel Pardo, director técnico de Astic, recordó que “la ‘acción directa’ funciona muy bien en Francia e Italia, provocando una reducción en los plazos de pago”.
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