Vuelve a reclamar un plan urgente de medidas y asegura que “el transporte se verá abocado a la ruina si se le sigue penalizando”.
Guitrans, la patronal guipuzcoana de transporte por carretera, lanza un SOS a la Administración para rescatar al sector, “abocado a la ruina si las instituciones no dejan de penalizarlo injustamente”. La organización empresarial denuncia la “desidia y abandono” con la que se está tratando a los transportistas y exige un plan urgente de medidas
El transporte de mercancías por carretera está “abocado a la ruina si las instituciones no dejan de penalizarlo injustamente”. Así lo asegura la patronal guipuzcoana Guitrans, presidida por Ignacio Cepeda, que denuncia a través de un duro comunicado la “desidia y abandono con la que se está tratando al sector”, cuyo tejido empresarial se encuentra cada vez “más empobrecido y arruinado”. La organización empresarial, que ha vuelto a exigir a las administraciones la puesta en marcha de un “plan de rescate” para paliar la crisis del sector, muestra su preocupación por el goteo incesante de empresas obligadas a echar el cierre.
En concreto, la patronal apunta que la provincia de Guipúzcoa cuenta con 557 compañías menos que en enero de 2008. Una cifra que representa el 3 por ciento del total de sociedades que dejaron su actividad desde dicha fecha, que se elevó hasta las 16.734, según datos de Fomento adelantados por este periódico. La estadística refleja la delicada situación por la que atraviesa el sector, que “no puede esperar más”.
De hecho, añade el comunicado, “no es de extrañar que algunas organizaciones propongan medidas de presión como un paro”. La principales reivindicaciones de Guitrans, en línea con su organización nacional, la patronal CETM, se centran en cinco ejes: el precio del gasóleo, que ha hecho disparar todas las alarmas, los problemas de financiación que “ahogan a las empresas de transporte”, la demora en los plazos de pago por parte de las cargadoras, la excesiva cuantía de las sanciones y la implantación de peajes en las carreteras.
SUBIDA DEL PRECIO DEL GASÓLEO
Respecto a la imparable escalada del gasóleo, Cepeda subraya que “el precio del carburante está rozando máximos históricos cuando el barril del petróleo no sigue la misma tendencia”, por lo que “crece la sospecha sobre la falta de competencia de las petroleras”. El presidente de la patronal recuerda que el sector aporta 5.000 millones al año a las arcas públicas a través del Impuesto de Hidrocarburos y reclama a la Administración que “tome cartas en este asunto y garantice una fluctuación del precio del combustible más razonable”. Guitrans también advierte que “los planes acordados por las administraciones para asegurar el acceso de las empresas a la financiación de circulante no se están cumpliendo por parte de las entidades financieras, que imponen condiciones muy superiores”.
Cepeda insiste en la necesidad de que “nuestra actividad no sea discriminada de los planes que se aplican a la industria”. En cuanto al incumpliento de los “plazos de pago obligatorios” por parte de las cargadoras, la patronal guipuzcoana exige una regulación análoga a la francesa que “obligue al pago de las facturas en un plazo de 30 días, estableciendo mecanismos de control vía penal en el caso de que no se cumplan”.
Al mismo tiempo, Guitrans considera “prioritario” modificar el baremos sancionador y califica de “insuficiente” el reciente acuerdo suscrito entre Fomento y el Comité Nacional, ya que “no aborda la responsabilidad objetiva del empresario, que sigue siendo responsable de acciones de los conductores que no puede controlar”. Por último, Cepeda se muestra muy critico con la implantación de peajes en las carreteras, lo que “agrava la penuria económica que atraviesa nuestro sector”. El presidente de Guitrans rechaza, en este sentido, la aplicación de la Euroviñeta, vigente desde hace años en varios países europeos, y que Guipúzcoa prevé poner en marcha a partir de 2012.
Críticas de Guitrans
El barril de petróleo no ha subido tanto como para justificar la escalada del precio del gasóleo y crece la sospecha sobre la falta de competencia de las petroleras.
Los problemas de financiación ahogan a las empresas de transporte y el escaso crédito de los bancos va acompañado de unas garantías abusivas y usureras.
La Ley contra la morosidad, que establece un plazo de pago a 60 días, sin posibilidad de pacto en contra a partir de 2013, con una reducción progresiva del plazo hasta entonces, no se está cumpliendo por parte de las cargadoras.
Las empresas de transporte sufren un baremo sancionador desproporcionado y superior a los países del entorno, por lo que es urgente llevar a cabo una armonización de las sanciones.
No a los peajes y a la aplicación de la Euroviñeta, que agrava la penuria económica que atraviesa el sector en los últimos años.