La privatización de la sociedad de estiba de Avilés avanza pese al voto en contra de AGP

La estibadora se opone a avalar el crédito de 4,5 millones de la semipública Seavided para financiar la deuda generada por no externalizar el plan de empleo de 2004.

La privatización de la sociedad de estiba de Avilés, un proceso al que obliga la Ley de Puertos, avanza pese al voto en contra de AGP. La estibadora, que acudirá a los tribunales, se opone a la imposición de prestaciones accesorias a sus acciones que obligan a avalar el crédito de 4,5 millones pedido por Seavided para financiar su deuda.

El proceso de privatización de la Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del puerto de Avilés (Seavided), atascado por la abultada deuda que arrastra, superior a los 3 millones, encara su recta final. Al cierre de esta edición sólo faltaba concretar la venta de las acciones de la Autoridad Portuaria, con el 51 por ciento del capital de la semipública, que pasarán a manos privadas. La decisión se adoptó en la junta general de Seavided, celebrada el 29 de diciembre. En la misma, los accionistas aprobaron la creación de la Sagep para cumplir la Ley de Puertos, con el voto en contra de Actividades Generales Portuarias (AGP), que anunció su intención de impugnar ante los tribunales los acuerdos. Una decisión que no frenará, sin embargo, la constitución de la nueva sociedad, según señalaron expertos jurídicos en la materia consultados por este periódico. En concreto, la estibadora AGP, con una participación del 15,54 en Seavided, se opone a la imposición de prestaciones accesorias a sus acciones que obligan a avalar el crédito de 4,5 millones suscrito por la sociedad de estiba con La Caixa para hacer frente a su abultada deuda. Hay que recordar que la mayor parte del déficit se originó al cargar en las cuentas de 2008 el importe derivado de la no externalización del plan de empleo de 2004, que redujo la plantilla de portuarios a un tercio de su tamaño. El operador portuario se aferra al fallo del juzgado de Primera Instancia Número 2 de Gijón, que desestimó la demanda interpuesta por Seavided para exigir a AGP el otorgamiento de aval para garantizar el crédito suscrito con la entidad financiera. Como ya adelantó este periódico, la sentencia, que se encuentra recurrida, señala que “la obligación de garantía asumida por AGP consistía en prestar aval bancario ante la Autoridad Portuaria de Avilés, condicionada a que, previamente, el organismo portuario avale a Seavided ante La Caixa”.

Sigue el culebrón de la estiba en el puerto de Avilés

La privatización de la sociedad de estiba del puerto de Avilés, con un conflicto judicial abierto, llega a su fin casi un año después del plazo legal fijado por la nueva Ley de Puertos, que expiraba el 27 de febrero de 2011. De estemodo, el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria, Raimundo Abando, da carpetazo a un espinoso asunto que su antecesor en el cargo, Manuel Docampo, dejó sin cerrar. Eso sí, la falta de unanimidad entre los accionistas de la nueva sociedad de estiba vaticina nuevos litigios ante los tribunales, que deberán dirimir las desavencias entre los socios. El problema radica en la abultada deuda generada por la no externalización del plan de empleo de 2004. El operador AGP, única voz discordante en el seno de la sociedad de estiba, recuerda que no formaba parte de Seavided cuando se acordó este plan de prejubilaciones y que la deuda se destapó años después sin haber hecho constar ninguna salvedad en las cuentas. Así las cosas, todo indica que el proceso definitivo tardará en cerrarse.