La integración de Oligsa, que suspendió pagos con una deuda de más de 10 millones, ha retrasado el arranque del proceso de privatización de la terminal de graneles sólidos.
El puerto de Gijón inicia la cuenta atrás para dar el pistoletazo de salida al proceso de privatización de la semipública Ebhi, retrasado por la integración de Oligsa, que suspendió pagos con una deuda superior a los 10 millones. El organismo portuario ya ha remitido a Puertos del Estado el cuaderno de venta de la terminal granelera de la dársena
La Autoridad Portuaria de Gijón, accionista de referencia de la terminal de graneles sólidos Ebhi, ha remitido a Puertos del Estado el cuaderno de venta de la semipública, que, al cierre de esta edición, no había pasado aún el filtro de la Comisión de Subsecretarios. Así lo confirmó a TRANSPORTE XXI la presidenta del organismo portuario, Rosa Aza, que eludió dar más detalles del proceso, como, por ejemplo, el precio de salida, aunque sí adelantó que existe interés por parte de grandes operadores. Como ya adelantó este periódico, la dársena tiene previsto sacar a la venta este año un pequeño paquete accionarial, que le permitirá seguir teniendo el control de la terminal, y el resto en dos plazos. Uno en 2014, en el que perdería la mayoría, y otro en 2015.
Los plazos, no obstante, podrían variar ligeramente ante el retraso acumulado en la elaboración del cuaderno de venta, debido a la reciente integración de Oligsa, que suspendió pagos con una deuda superior a los 10 millones. En teoría, expertos consultados por este periódico creen que la integración de Oligsa mejora el atractivo de Ebhi, ya que se eliminan incertidumbres, aunque recuerdan que suma una deuda de 7 millones -tras la quita correspondiente- y se hace cargo de la plantilla. El puerto de Gijón está obligado por ley a vender la terminal Ebhi, que el propio Gobierno incluyó el pasado año dentro del grupo de empresas y fundaciones públicas para liquidar o privatizar .
Una operación que, además, le permitiría a la Autoridad Portuaria de Gijón hacer caja para financiar parte del sobrecoste de las obras de ampliación de la dársena, que llevó a la entidad a solicitar un crédito de 215 millones, concedido por Fomento a través del ICO. De hecho, el enclave gijonés se sitúa en el furgón de cola del sistema portuario español con un déficit de 6 millones, según datos de Puertos del Estado.
Pero la venta no parece sencilla. Los mismos interlocutores, en este sentido, coinciden a la hora de señalar la incertidumbre sobre el futuro de la planta asturiana de Arcelor- Mittal, principal cliente, y la crisis, como los principales escollos de la privatización. La situación no es nueva. Ya en 2010, la Autoridad Portuaria, presidida entonces por Emilio Menéndez, encargó a una consultora la venta de la semipública, que comenzó pidiendo 150 millones a varios operadores interesados en la operación. El precio fue bajando hasta los 50 millones, pero ni siquiera así se logró concretar una oferta.
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