Las rigurosas medidas de seguridad vinculadas a la amenaza terrorista, que con dudosa justificación se han transferido a la industria de la carga aérea, van a provocar el encarecimiento de los costes del sector en un contexto de crisis económica como el actual.
A partir del próximo 29 de abril, cuando entre en vigor la renovación del estatus de expedidor conocido, aquellas empresas cargadoras que no lo hayan obtenido deberán recurrir a los agentes acreditados, es decir, a las empresas del sector de la carga aérea habilitadas por la Administración para manipular mercancías de forma segura.
El expedidor conocido es aquel fabricante o distribuidor que cumple una serie de requisitos en materia de seguridad, como son el nombramiento y formación de un responsable y el desarrollo de un plan de seguridad interno (escáneres, cámaras, inspecciones, etc) auditado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
De momento, de los 8.098 expedidores conocidos en vigor hasta ahora en España sólo 139 han solicitado la renovación. Si bien es cierto que los solicitantes son los fabricantes que más carga aérea manejan, la consecuencia de esta espectacular reducción de empresas acreditadas como expedidor conocido será el aumento de la carga no segura que pasará a ser controlada por los agentes acreditados.
Fruto de esta situación se ralentizarán los tiempos de embarque y se dispararán los costes totales de la carga aérea. De hecho, el Consejo Europeo de Cargadores (ESC, por sus siglas en inglés), ha advertido ya que esta medida puede causar problemas en el funcionamiento de la cadena de suministro que se apoya en la carga aérea.
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