La privatización de la gestión de los aeropuertos de Madrid y Barcelona se encuentra en el alero, sobre todo después de la accidentada anulación de la salida parcial a bolsa de Loterías del Estado. Son muchos los argumentos que hay encima de la mesa para que el Gobierno se decida también a dar marcha atrás en la adjudicación de las dos joyas de la corona de Aena. Primero, que no es el tiempo político adecuado, teniendo en cuenta las elecciones del 20 de noviembre.
Un segundo argumento es que Fomento ha acometido esta privatización a ‘uña de caballo’, lo que es muy sospechoso. No hace falta ser un experto, basta con observar procesos idénticos que se han llevado a cabo en otros países de nuestro entorno, para saber que el cambio de modelo en la gestión aeroportuaria exige más tiempo y consenso. En el caso que nos ocupa no ha habido ni lo uno ni lo otro.
En tercer lugar hay que consignar que las razones esgrimidas por Fomento para desmantelar el actual modelo, como la necesidad de maximizar la capacidad de las instalaciones y garantizar su autonomía financiera, no se sostienen, pues España siempre ha hecho gala en el mundo de las bondades del actual sistema en red. Una cosa es que se haya invertido mal y despilfarrado, pero eso no es culpa del modelo sino de sus gestores.
Por último, aunque el Gobierno lo niege, se verá obligado a reducir sus expectativas de ingresos porque los consorcios que pujan por Barajas y El Prat están teniendo dificultades para captar financiación. Así las cosas, aunque la privatización es una opción de futuro, está claro que no es el momento, por lo que el Gobierno debe de paralizar el proceso ya.
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