El anuncio de Fomento de que ‘pospone’ la privatización de Barajas y El Prat hasta después del 20-N, es el final lógico de una aventura que nunca debió emprender el Gobierno de Zapatero en las condiciones en que lo hizo. Esto es, con excesiva precipitación, hasta el punto de que algún Secretario de Estado con mando directo en plaza se enteró de la reforma de Blanco por los medios de comunicación; sin los consensos mínimos, no sólo con el partido de la oposición, sino también con otros sectores afectados (caso de las aerolíneas); y sin dar explicaciones claras del contenido del nuevo modelo de gestión.
Blanco, que decía ayer que mantenía el calendario de privatización, argumenta ahora la decisión de “prórrogar” los concursos en la necesidad de asegurar “la transparencia” y “la máxima concurrencia” entre los candidatos, algunos de los cuales amenazaron con no presentar oferta ante la dificultad para lograr financiación. La transparencia no merece ningún comentario porque sólo sirve para retratar al ministro. El segundo argumento, sí. Y es que llama poderosamente la atención que el Gobierno no sacase al mercado el 45 por ciento de Aena Aeropuertos, otro pilar de su reforma, porque sabía que “no era el momento económico adecuado”.
Sin embargo, los estudios contratados para el caso de Madrid y Barcelona indicaron lo contrario. Si bien es cierto que el dinero está muy caro, sirva la contradicción de Blanco para intuir que la decisión de suspender la privatización de Barajas y El Prat responde a motivos de mayor calado, además de ser la enésima prueba de la política errática e improvisada del Gobierno de Zapatero.
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