Las empresas ferroviarias privadas andan con la mosca detrás de la oreja en relación con el proceso de venta parcial de Renfe Mercancías que ha anunciado recientemente la ministra de Fomento, Ana Pastor.
Pese a la obligación que tiene la cartera ministerial de convocar un concurso público para llevarla a cabo, los privados recelan de un proceso que se puede estar cocinando con ingredientes al gusto del paladar del candidato del que todos hablan y nadie niega.
Con el favorito, que no es otro que Deutsche Bahn (DB), ya ha coqueteado el Ministerio de Fomento en diversas ocasiones en los últimos tiempos. De hecho, el exministro José Blanco dejó ultimado un preacuerdo de venta de la filial de mercancías de Renfe que el actual Gobierno de Mariano Rajoy acabó por neutralizar.
Pero poco tiempo después y con la firma de un acuerdo de colaboración entre ambas sociedades públicas de por medio, este sí que parece ser el arreón definitivo. En el sector, incluso, se da por descontado que la DB aterrizará en Renfe Mercancías a través de Transfesa, participada mayoritariamente por la alemana y en la que también está presente la española con un porcentaje próximo al 20 por ciento.
El desembarco formaría parte de un proceso en el que la DB, más pronto que tarde, pasaría a tomar el control absoluto del operador ferroviario público de mercancías. En este contexto, los operadores privados podrían estar jugándose definitivamente su futuro, puesto que a la condición casi monopolística de facto de Renfe Mercancías se sumaría el músculo financiero del gigante ferroviario alemán.
Nueve años después de la liberalización del mercado ferroviario de mercancías en España los operadores privados no alcanzan siquiera una cuota del 15 por ciento, en un mercado que domina la pública Renfe seguida a mucha distancia por Transfesa. La transparencia en este proceso de venta tiene que ser más que obligada.
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