La Audiencia Nacional ha puesto en un brete al Gobierno Vasco, que en marzo de 2005 presentó una denuncia contra la cúpula del sindicato Sintrabi por “una serie de actuaciones y prácticas en el puerto de Bilbao que podrían constituir delito de extorsión y asociación ilícita”.
Tras echar por tierra la investigación de la Ertzaintza, la causa abierta en 2006 a bombo y platillo por el juez Juan Del Olmo, con la detención, al más puro estilo ‘Garzón’, de 19 personas, entre transportistas y empresarios, empieza a desinflarse.
El Juzgado número 6, el mismo que montó esta espectacular operación policial -se supone que con el respaldo de pruebas contundentes para una actuación de estas características-, concluye ahora que “no queda debidamente justificada la perpetración del delito” en las diligencias practicadas, y decreta el sobreseimiento provisional de la causa. La pelota vuelve a estar en el tejado del Ejecutivo de Ibarretxe, que deberá optar por el palo o la zanahoria para tumbar el ‘cártel’ del puerto de Bilbao, o si mira para otro lado.
De momento, a Sintrabi, en el centro de la investigación, le ha faltado tiempo para sacar pecho. Asegura que el auto de la Audiencia Nacional demuestra “la falsedad de las acusaciones vertidas contra el sindicato” y pide la dimisión de la titular de Transportes del Gobierno Vasco por sus “responsabilidades políticas”.
Sin duda, una mala noticia para la comunidad portuaria de Bilbao, que empieza a asumir que la implantación de la libre competencia es una utopía, mientras observa, con envidia sana, como prácticas similares en otros puertos siguen otros caminos.
Es el caso de Barcelona, cuya instrucción se ha terminado y se está a la espera de apertura de juicio en la Audiencia Provincial. Claro que aquí, la implicación de la Autoridad Portuaria de Barcelona, que se presenta como acusación contra las organizaciones de camioneros, está fuera de toda duda. Mientras, en Bilbao, los inventores de la cosa, de ‘rositas’.
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