Competencia ha asestado un duro golpe al cártel camionero en el puerto de Bilbao tras castigar con multas por valor de más de 7 millones al sindicato de transportistas autónomos Sintrabi y a las empresas C.B. Bilbao, Bidetrans y Transmeta. No es la primera vez -en 2001 ya fueron sancionados por la misma conducta- y, probablemente, no será la última. Y es que la libertad de mercado en los muelles brilla por su ausencia, lo que pone en solfa la eficacia de estas actuaciones de Competencia, que ya entró en el puerto de Barcelona, y en Valencia se le espera. La propia Resolución del Consejo de la CNC constata que “existen indicios de que las prácticas restrictivas continúan”, pero reconoce que “no se han podido obtener elementos probatorios” más allá de 2006.
Y eso que recoge declaraciones de una empresa “extorsionada” en 2007 por Sintrabi, a la que amenazaron con quemar los camiones, y del entonces presidente de la dársena, José Ángel Corres, que afirmaba que “imponen los precios y las tarifas, sin posible negociación, por la vía de la amenaza física y verbal, la violencia física, el sabotaje (…)”. Las preguntas son obligadas. ¿Hubo investigación o este organismo se limitó a efectuar un ‘corta y pega’ de los informes policiales de la Audiencia Nacional, que abrió una causa penal en 2006 contra Sintrabi y empresarios de la dársena? Pese a los indicios de amenazas y extorsión, y siendo, como son, los ‘inventores de la cosa’, ¿por qué no se juzgaron estos hechos, como se hizo en Barcelona y Valencia?; ¿Para cuándo una actuación más contundente para acabar con esta lacra?… Demasiados interrogantes sin respuesta.
© 2024, todos los derechos reservados.