Los transportistas plantean una batería de propuestas entre las que destacan la dotación de ayudas a la formación obligatoria.
La Xunta de Galicia hace oídos sordos a las quejas del sector del transporte por carretera y mantendrá el llamado ‘céntimo sanitario’, cuya legalidad examina el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Así lo avanzó el presidente en funciones del Ejecutivo, Alberto Núñez Feijóo, en el transcurso del encuentro mantenido con el Comité Gallego de Transportes, celebrado a finales de octubre. Feijóo hizo hincapié en las “graves dificultades que atraviesa Galicia” y reiteró su intención de “cumplir con el objetivo del déficit”, por lo que “ve imposible” suprimir el céntimo sanitario en la comunidad autónoma, que aplica un gravamen de 1,2 céntimos de euro por litro de combustible consumido, el tipo más bajo.
El presidente de la Xunta, tras valorar positivamente la propuesta del sector en materia de formación profesional, señaló que “la limitación de recursos disponibles debía de llevar a priorizar las necesidades”, según subraya la Federación Gallega de Transportes de Mercancías (Fegatramer), a través de un comunicado. Pese a este nuevo revés, fuentes del sector consultadas por este periódico aseguraron que continuarán su particular cruzada para conseguir eliminar este tributo que, junto a la actual coyuntura económica y la escalada del precio del gasóleo, asfixia el desarrollo de su actividad.
La expansión de este impuesto, que nunca ha gustado en Europa, sobre todo porque entendía que su objetivo es “fortalecer la autonomía de las comunidades autónomas proporcionándoles los medios para generar ingresos fiscales”, ha sido un recurso muy socorrido contra los obstáculos de la crisis. De hecho, hasta la fecha, sólo renuncian a incorporarlo cuatro regiones: Canarias, La Rioja, Aragón y País Vasco.
En el caso de que finalmente la Justicia europea se pronuncie a favor de los transportistas, la medida tendría carácter retroactivo, por lo que los usuarios podrían exigir la devolución de lo tributado, más los intereses legales de demora vigentes. Las cifras a reclamar, sólo por el transporte de mercancías por carretera en España, podrían ascender, al menos, a los 2.500 millones, según un reciente estudio elaborado por la Fundación Francisco Corell.
En el encuentro con Núñez Feijóo, los transportistas gallegos plantearon una batería de propuestas entre las que destacan la creación de áreas de descanso para el transporte pesado, la dotación de ayudas a la formación obliagtoria, así como al abandono de la actividad de los profesionales de avanzada edad, y la intensificación de las labores de inspección para luchar contra la competencia desleal y el intrusismo.
Principales propuestas
Exención del céntimo sanitario al transporte profesional.
Creación de áreas de descanso.
Ayudas a la formación obligatoria.
Lucha contra la competencia desleal y el intrusismo.
Dotación de ayudas al abandono de la actividad.
Pago a 30 días.
Limitar la subcontratación e incorporar la ‘acción directa’ para el cobro del servicio de transporte.
Acceso público al registro de empresas de transporte.
Disminución de las cargas impositivas al sector.
No aplicación de la euroviñeta.
Prohibición de que los conductores de vehículos pesados intervengan en la carga y descarga.
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