MSC, Medlog, Raminatrans e IFS están a la espera de conseguir la licencia municipal para arrancar las obras de las parcelas que les fueron otorgadas en 2019 tras haber logrado el aval jurídico del Tribunal Supremo.
La Autoridad Portuaria de Valencia ha reactivado el proyecto de la Zona de Actividades Logísticas, bajo el impulso de la sociedad promotora VPI Logística, que ha logrado despejar la incertidumbre jurídica que envolvía al proyecto en los últimos años.
En este sentido, el consejo de administración de VPI, reunido ayer, bajo la presidencia de Mar Chao, puso en valor la última resolución del Tribunal Supremo, del pasado 12 de marzo, que ha declarado como conforme a derecho el Plan Especial del proyecto logístico. El fallo definitivo del Supremo “despeja la incertidumbre jurídica y urbanística de la ZAL, permitiendo activar la formalización de los derechos de superficie adjudicados en cuatro de las parcelas logísticas del parque”, indican fuentes de la Autoridad Portuaria.
Con ello, las empresas MSC, Medlog, Raminatrans e International Forwarding (IFS), a través de la empresa QA y Pimba Holding, podrán empezar las obras de las parcelas tras obtener la licencia municipal, una decisión que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha anunciado que “estará lista durante el primer trimestre”.
La inversión comprometida por estas empresas en 2019 ascendió a 73,5 millones de euros, un presupuesto que lógicamente tenderá a variar por el alza del precio de materiales y construcción. En concreto, Medlog Iberia prevé construir un almacén frigorífico de 25.000 metros cuadrados, bajo una inversión de 35,76 millones de euros, mientras MSC España levantará un almacén logístico de 20.200 metros cuadrados con un coste de 19,86 millones de euros. Por su parte, Raminatrans anunció una inversión de 9,2 millones de euros en un almacén de 15.496 metros cuadrados y QA y Pimba Holding tenía previsto construir una nave de 21.512 metros cuadrados por un importe de 8,6 millones de euros.
VPI Logística es la sociedad encargada de la puesta en marcha de la ZAL, formada por la Autoridad Portuaria de València, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia y Sepes. Hay que recordar que en el concurso abierto en 2019 por la sociedad quedaron tres parcelas pendientes sin adjudicar, un proceso que ahora se podrá reanudar.
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