El grupo de agencias que se había constituido en plataforma de afectados por el cierre de la red Qualys 360 ha descartado finalmente la interposición de la querella por la vía penal que estudiaban contra los administradores de la sociedad Siltycom, propietaria de la mencionada marca comercial, por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, insolvencia punible y negligencia, según señalaron a TRANSPORTE XXI fuentes jurídicas.
El caso, que con toda probabilidad iba a recaer en manos de la Audiencia Nacional, no saldrá adelante por la complejidad y el coste económico que entraña, lo que ha desalentado a la mayoría de las agencias implicadas, según corroboraron las mencionadas fuentes. El cierre abrupto de Qualys 360 el pasado mes de julio, tan sólo cinco meses después de su puesta en marcha, provocó la pérdida de las cantidades aportadas por las 268 agencias de la red en concepto de “monedero”, una fianza depositada para sufragar los posibles impagados que se pudieran producir por parte de las agencias respecto de la sociedad franquiciadora.
Las agencias tuvieron que aportar entre 3.000 y 5.000 euros por este concepto, lo que eleva la cifra total despositada en manos de Sylticom a cerca de un millón de euros. Sobre algunas de las agencias afectadas, que se han personado en su mayoría en el concurso de acreedores de Sylticom pese a que la sociedad carece en la práctica de activos, pende ahora la amenaza de los reembolsos, ya que algunos clientes finales también afectados por el cierre de la red Qualys 360 estudian reclamar directamente a las agencias las cantidades adeudadas por la red. En este sentido, a algunos clientes finales se les adeudan cantidades por encima de los 100.000 euros, según confirmaron las mismas fuentes.