La Comisión Europea llevará al Gobierno de España a los tribunales si en dos meses Fomento no abandona su política de bonificaciones contenida en la Ley de Puertos.
Las bonificaciones de las tasas portuarias que aplica Fomento en Canarias, contenidas en la Ley de Puertos de 2003, “incumplen el derecho comunitario”, según un dictamen motivado de la Comisión Europea. España tiene dos meses para abandonar su política de bonificaciones si no quiere terminar en el Tribunal Europeo de Justicia
El Ministerio de Fomento acaba de sufrir un nuevo y duro varapalo en la política tarifaria del sistema portuario español. A las reiteradas sentencias conocidas en los últimos años de diversos centros judiciales contra la normativa de tarifas y tasas portuarias contenidas en el corpachón normativo desde la Ley de Puertos de 1992, ahora se une la decisión de la Comisión Europea de denunciar con un dictamen motivado a España “por haber establecido en la legislación una serie de derechos portuarios discriminatorios” en las bonificaciones aplicadas para los tráficos de buques, pasaje y mercancías (ver sus diferentes cuantías en cuadro adjunto) entre los puertos de las Islas Canarias y el resto de puertos españoles y comunitarios.
Estas mismas bonificaciones se aplican en el caso de los puertos de Baleares y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, objeto también del procedimiento. La Comisión Europea argumenta en su dictamen que ha comprobado que “los derechos portuarios que hay que pagar por los trayectos efectuados por buques que afectan a Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla son inferiores a los recaudados por el tráfico entre los puertos españoles continentales y los puertos comunitarios”, una situación, que a juicio de los responsables comunitarios “produce una discriminación contraria, en principio, a las disposiciones del Reglamento 4055/86 de la Comunidad Económica Europea, que aplican “el principio de libre prestación de servicios al transporte marítimo entre estados miembros y entre estados miembros y terceros países”, unas discriminaciones que “sólo pueden estar justificadas por razones imperiosas de interés general”.
En su defensa ante la Comisión Europea, el Gobierno español sólo alegó en su defensa la cohesión territorial, argumento que los responsables de Bruselas han desestimado, ya que España “no ha presentado pruebas suficientes para demostrar el carácter necesario y proporcionado de las medidas de bonificación, sobre todo teniendo en cuenta las compensaciones que ya se aplican en favor de las zonas en cuestión para cumplir las obligaciones de servicio público”. Este dictamen motivado de la Comisión Europea es la segunda y última etapa del procedimiento de infracción y el paso previo a una denuncia de las autoridades europeas al Gobierno de España ante el Tribunal Europeo de Justicia.
España tiene un plazo de dos meses para atenerse al dictamen motivado y abandonar la política de bonificaciones en las tasas portuarias de las Islas Canarias, que de llevarse a cabo “puede llevar a una pérdida de atractivo para las navieras”, según señalan fuentes solventes. En caso de no atenerse al dictamen, el Tribunal Europeo de Justicia deberá determinar si existe una infracción del Tratado de la Unión Europea y si la encuentra, sancionará económicamente al Estado español.
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