Concesionarias de autopistas en concurso de acreedores, como las radiales de Madrid R-3, R-5, R-4 y Madrid-Toledo, entre otras, han propuesto a Fomento que se implante un peaje directo en la autovía de circunvalación M-50 de Madrid, hasta ahora explotada bajo la fórmula del peaje en la sombra.
El objetivo que persiguen las concesionarias es el de garantizar unos ingresos significativos para cubrir al menos el 50 por ciento de los gastos, incluidos financieros y amortizaciones, de la nueva sociedad pública que se haría cargo de estas autopistas.
La empresa pública que se crease asumiría la totalidad de la deuda que arrastran las mismas, valorada en 3.500 millones de euros. Esta nueva sociedad sería la que se encargaría de posteriormente de su explotación.
La quiebra de estas autopistas es un escenario que intenta evitar el Gobierno, puesto que el Estado tendría que hacer frente a la responsabilidad patrimonial que tiene sobre las mismas y de esta forma contabilizar su deuda como déficit público.
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