Las empresas concesionarias de los puertos españoles tendrán hasta el próximo mes de julio para solicitar a las autoridades portuarias una ampliación de plazo para equiparse así al máximo de 50 años que el Gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado en su Ley de Medidas Urgentes para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia. El proyecto ha tenido mínimas modificaciones a su paso por el Congreso (falta tramitarlo por Senado y vuelta al Congreso), tras reconvertirse del inicial Decreto-Ley impulsado en julio.
La principal modificación es la ampliación del plazo para la solicitud de ampliación, de los seis meses iniciales al año mencionado (computable desde julio de 2014), así como la ampliación del plazo que pasa no poder ser superior a un tercio del plazo inicial a dos quintos del mismo, de acuerdo a una enmienda planteada por Convergencia i Unió y que fue admitida por la mayoría del Partido Popular.
Así las concesiones con un máximo de 35 años podrán verse ampliadas en 14 años y no en 11,6 años como hubiera quedado con la redacción inicial. Para optar a la ampliación del plazo concesional, las empresas afectadas deberán realizar una nueva inversión en la concesión, contribuir a la financiación de accesos terrestres a los puertos o de los puertos secos en cuya titularidad participen organismos públicos portuarios o reducir al menos en un 20 por ciento las tarifas máximas incluidas en el título concesional o en su caso en los pliegos de prescripciones particulares de los servicios portuarios. El importe total del compromiso no deberá ser inferior al 20 por ciento de la inversión inicial actualizada.
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