Las Juntas Arbitrales del Transporte recibieron 4.850 reclamaciones hasta septiembre, de las que 4.200 exigían el pago de portes, lo que representa cerca del 90% del total.
La actual coyuntura económica ha disparado en un 27 por ciento el número de demandas por impago de portes. Las Juntas Arbitrales del Transporte recibieron 4.850 reclamaciones hasta septiembre de este año, de las que 4.200 correspondieron a este concepto, lo que supone cerca del 90 por ciento de las demandas cursadas por el sector
La crisis no sólo ha pasado una gruesa factura a la producción industrial, cuya actividad ha caído bruscamente en los últimos doce meses, sino que también ha traído consigo un fuerte aumento de la morosidad. Fuentes del sector consultadas por este periódico confirmaron que “los impagados son cada vez más frecuentes”, lo que, junto a las restricciones crediticias, como consecuencia de la actual coyuntura económica, está provocando una “auténtica escabechina” en el sector del transporte de mercancías por carretera.
Una situación que es “especialmente crítica” para los transportistas autónomos, “el eslabón más débil de la cadena logística”, que ven como “sus plazos de cobro se alargan a 90 días, e incluso más”, lo que “agrava los problemas de liquidez de las empresas del sector y aumenta los riesgos de insolvencia”, añadieron las mismas fuentes. Este negro escenario ha tenido su reflejo en la actividad de las Juntas Arbitrales del Transporte, cuyo principal cometido es resolver las reclamaciones de carácter mercantil relacionadas con el cumplimiento de los contratos de transporte terrestre y actividades auxiliares, siempre que la controversia no exceda de 6.000 euros, aunque “cada vez hay más contratos en los que las dos partes expresan por escrito que se someten a la Junta Arbitral, con lo que no hay límite de cuantía mínima de la demanda”, según destacó un portavoz de la Junta Arbitral del Transporte de Aragón. Los datos son demoledores y hablan por sí solos (ver gráficos adjuntos).
Las Juntas Arbitrales, recibieron hasta septiembre de este año un total de 4.850 demandas de contratos de transporte de mercancías, de las que cerca de 4.200 correspondieron a impago de portes. Es decir, el 90 por ciento del total, aproximadamente, lo que supuso un incremento del 27,57 por ciento con respecto a las demandas por impago de portes realizadas en el año 2008, teniendo en cuenta únicamente a las Juntas Arbitrales que han facilitado datos de actividad entre los meses de enero y septiembre de este año. Un registro que deja bien a las claras como “los impagados empiezan a ser una seria amenaza para la tesorería de las empresas de transporte de mercancías por carretera”, apuntaron fuentes del sector.
De hecho, la mayoría de estos órganos institucionales, que sustituyen a los Juzgados y Tribunales en las reclamaciones en materia de transporte, recibieron en los tres primeros trimestres de este año más reclamaciones por impago de portes que durante todo el ejercicio pasado. Los aumentos más significativos tuvieron lugar en Castilla-León (436,84 por ciento), y las provincias de Jaén (314,28 por ciento), Córdoba (185,71 por ciento), Granada (145,16 por ciento) y Álava (118,75 por ciento). Por el contrario, las demandas realizadas por impago de portes bajaron en Extremadura (-37,69 por ciento), Sevilla (-21,64 por ciento), Madrid (-13,98 por ciento), y Cantabria (-11,60 por ciento). La estadística, igualmente, revela a las Juntas Arbitrales del Transporte de Cataluña y Madrid como las de más actividad, tras recibir 937 y 736 demandas de contratos de transporte de mercancías, respectivamente, en el acumulado anual hasta septiembre.
No en vano, estas dos comunidades autónomas, con unos ingresos de 2.832 millones en 2007 en el sector del transporte de mercancías por carretera, acaparan el 36 por ciento del mercado. La Junta Arbitral de Cataluña, además, espera llegar este año a las 1.200 demandas, frente a las 698 de 2008. Un incremento superior al 70 por ciento, “motivado fundamentalmente por el impago de portes”, que ha llevado a la Junta a “colocar tres armarios más de archivo”, según subrayó un portavoz de este órgano institucional. Y es que las Juntas Arbitrales son “cada vez más conocidas y utilizadas por los transportistas, sobre todo en situaciones como la actual, con índices elevados de morosidad”. El perfil del demandante, en este sentido, es el de un transportista que reclama el porte a su cargador.
Por el contrario, las demandas por daños o averías por parte de los cargadores son menos habituales. En el acumulado anual hasta septiembre, la Juntas Arbitrales del Transporte recibieron un total de 276 demandas por este concepto, la mitad aproximadamente de las registradas en a lo largo del pasado año, lo que representa cerca del 6 por ciento del total de demandas de contratos de transporte de mercancías. Inmediatez y accesibilidad La mayoría de los responsables de las Juntas Arbitrales coinciden a la hora de señalar la “inmediatez, rapidez, gratuidad y accesibilidad”, como las “principales ventajas para la utilización de este medio que la legislación pone a disposición del sector para resolver las reclamaciones de carácter mercantil”.
Las mismas fuentes destacan que cualquier usuario, transportista, cargador o intermediario que sea parte contratante en un transporte puede acudir a la Junta Arbitral sin abogado ni procurador. “Basta un simple escrito de reclamación y un único trámite de vista, rápido, para resolver las controversias planteadas”. La reclamación de las Juntas es gratuita y se presenta, a elección del reclamante, en la Junta Arbitral del lugar de origen o destino del transporte o de celebración del contrato, salvo que hubiese pacto expreso al suscribir el contrato de sumisión a una Junta concreta. Además, “el laudo o acuerdo de la Junta sustituye a la sentencia o decisión judicial y produce efectos idénticos a la cosa juzgada”. No obstante, no todo es de color de rosa.
Así, por ejemplo, las mismas fuentes también destacaron que debido al fuerte incremento de las demandas por la actual crisis, algunas Juntas Arbitrales están empezando a acumular trabajo encima de la mesa y se encuentran ahora estudiando las reclamaciones planteadas entre los meses de febrero y marzo. Aquí también juega un papel importante la dotación de las distintas Juntas Arbitrales, ya que algunas, que incluso han tenido bastantes dificultades para facilitar a este periódico la estadística correspondiente a este ejercicio al no tener los datos informatizados, “tienen pocos recursos y trabajan en precario”.
Otra de los puntos débiles de las Juntas Arbitrales apuntado por la mayoría de los responsables de estos órganos institucionales radica en la dificultad a la hora de notificar los procedimientos emprendidos a la parte demandada, ya que se precisa acuse de recibo. “Hay que personarse en su domicilio, a veces a distintas horas, y no siempre es fácil de localizar al demandado”, señalaron las mismas fuentes. Una vez superado este trámite, no obstante, el procedimiento sigue su curso, ya que no es necesario que se persone en la vista la persona demandada. Los responsables de juzgar el caso en cuestión -presidente de la Junta Arbitral, un representante de los transportistas y otro de los cargadores- dictarían igualmente el laudo. Es lo que se conoce, en este supuesto, como una “condena en rebeldía”.