Los puertos españoles mantendrán sus coeficientes correctores y bonificaciones hasta que el próximo Parlamento apruebe los nuevos Presupuestos Generales del Estado.
El adelanto electoral al 20 de noviembre ha frustrado el intento de Puertos del Estado de homogeneizar las tasas que aplicarán las autoridades portuarias en 2012. Los puertos tendrán que mantener los coeficientes correctores y bonificaciones aplicadas en 2011 hasta que el Parlamento no apruebe los nuevos presupuestos
El adelanto electoral ha frustrado la expectativa del presidente de Puertos del Estado, Fernando G. Laxe, de proceder a una homogeneización de las tasas de los puertos españoles durante el ejercicio 2012 en contra del propio espíritu de la actual Ley de Puertos. Las autoridades portuarias “tendrán que mantener sus actuales coeficientes correctores y bonificaciones hasta que el próximo Parlamento no apruebe unos nuevos Presupuestos Generales del Estado”, según se confirma desde el propio organismo público.
La actual Ley de Puertos determina que “cada autoridad portuaria realizará la propuesta de coeficientes correctores tomando en consideración las previsiones de evolución de sus tráficos, el nivel de endeudamiento, sus necesidades de inversión y sus objetivos de gestión, así como la rentabilidad anual objetivo y el rendimiento razonable sobre el activo no corriente neto medio exigible”, matizando que “en el caso que no se proponga ninguno se entenderá que mantienen los del ejercicio anterior siempre y cuando se compruebe el cumplimiento de los límites anteriores, o tendrán un valor igual a la unidad en caso de que no se hayan aprobado anteriormente”.
Sin embargo, queda una posibilidad abierta, ya que la Ley de Puertos permite que los coeficientes puedan ser publicados en otra Ley, ya que el artículo 7.g. señala que “los coeficientes correctores definitivos para cada autoridad portuaria se establecerán con carácter anual en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o en la que, en su caso, se apruebe a estos efectos”, que podría ser una ley de acompañamiento. Fuentes de Puertos del Estado calificaron a TRANSPORTE XXI de “tortura china” la negociación de las bonificaciones con las autoridades portuarias, matizando que la intención del organismo público era, con anterioridad al anuncio de elecciones generales, “una homogeneización formal de las bonificaciones donde todos los puertos españoles contarían con un cuadro similar, ordenado con los mismos conceptos, con una estructura común”.
Pero esta homogeneización tenía más amplitud. Como adelantó este periódico en su edición del pasado 15 de junio, Puertos del Estado quería implantar una homogeneización de las bonificaciones y coeficientes reductores de las tasas portuarias durante la negociación llevada a cabo con las autoridades portuarias en los planes de empresa para el ejercicio 2012. El organismo, presidido por Fernando G. Laxe, buscaba dar ‘marcha atrás’ y fijar bonificaciones similares y coeficientes reductores similares entre puertos próximos, dando de esta forma cumplimiento a la petición de ciertas autoridades portuarias que han visto como algunos de sus tráficos cautivos se desplazaban a otras dársenas que optaban por reducir sus precios, aplicando el espíritu de fomento de la competencia que preconiza la actual legislación portuaria. SIN
INSTRUCCIONES DE HACIENDA
Fuentes solventes han aclarado a este periódico que “Puertos del Estado sólo quería contentar a determinados presidentes de autoridades portuarias que siguen en desacuerdo con la política tarifaria establecida en la Ley de Puertos y que están observando como la falta de rentabilidad de sus dársenas les impide reducir las tasas en contra de otros puertos más saneados que pueden optimizar los precios a las navieras”. La excusa ofrecida desde Puertos del Estado a varias autoridades portuarias fue que “unas instrucciones de Hacienda obligan a justificar por qué se realizan las bonificaciones”.
Sin embargo, fuentes solventes matizaron que “es absolutamente falso que el Ministerio de Hacienda haya emitido esas instrucciones, ya que no tiene competencias sobre esta materia”. En la misma línea, aclararon que “Puertos del Estado no puede obligar a las autoridades portuarias a no aplicar la actual Ley de Puertos que tiende a moderar las tasas de los puertos rentables y a evitar la competencia desleal de las dársenas muy rentables dentro del objetivo de rentabilidad anual del sistema portuario fijado en el 2,5 por ciento”.
El esquema tarifario, ‘una locura’ que rompe la unidad de mercado
Fuentes del organismo público confirmaron a TRANSPORTE XXI que “Puertos del Estado envió a las autoridades portuarias un documento completo en el que estaban incluidas todas las bonificaciones y coeficientes correctores de cada puerto”, una situación que molestó a algunas autoridades portuarias que no querían que se desvelara su estrategia comercial hasta que fuera publicada en los presupuestos generales a finales de octubre.
Puertos del Estado, que preside Fernando G. Laxe, defiende su estrategia matizando que “no podemos ser tan oscuros, necesitamos máxima transparencia en este tema, por lo que decidimos mandar el borrador que posteriormente remitimos a Hacienda para que cada puerto supiera dónde está y tuviera las referencias y con el objetivo de recibir los últimos comentarios y sugerencias de cada uno, y a partir de ahí lo tramitamos y así no hay malos entendidos.
Ese va a ser el futuro”. En este sentido, fuentes de Puertos del Estado señalan que “hay un proceso que las autoridades portuarias han de internalizar para hacer cumplir la Ley y que tenemos que ver que lo que cobra un puerto es un tributo, una tasa, un impuesto, con lo que prevalecen las reglas de los tributos, no prevalece un sentido comercial, y si hablamos de transparencia y del interés general, supone una transición de modelo”, matizando que “hasta ahora las bonificaciones las aprobaba el consejo de administración, muy a propuesta de la parte comercial, hoy tiene que estar encajado más en un visión de interés general de España, hacia qué tipo de sectores vamos a ayudar con una tasa”.
Puertos del Estado aclara que “por un lado, hemos tenido que negociar con las autoridades portuarias, y por otro, con la Dirección General de Tributos”. Desde el propio organismo público se llega a plantear como “locura” el actual esquema tarifario de los puertos, donde en menos de 300 kilómetros tres puertos pueden llegar a cobrar con diferencias del 30 por ciento idénticos servicios a los armadores, “algo que va en contra del principio de unidad demercado y puede llegar a volver locos a los armadores y operadores”, según confirman fuentes empresariales, que advierten que los “elevados endeudamientos de varias autoridades portuarias van a ser un obstáculo para un abaratamiento de las tasas”.
Con el adelanto electoral, toda la negociación realizada entre Puertos del Estado y las autoridades portuarias “no sirve por el momento para nada”, según detallan fuentes solventes. El sector espera ya al nuevo Gobierno y cual será la nueva estrategia del futuro nuevo equipo de Puertos del Estado. Todo indica que la estrategia de la homogeneización portuaria “pasará a mejor vida si el PP forma Gobierno”.
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