La intensa carga de trabajo de las Juntas Arbitrales del Transporte a lo largo del pasado año es fiel reflejo del rápido aumento de la morosidad, que golpea con virulencia al sector del transporte por carretera, especialmente a los autónomos, el eslabón más débil de la cadena, con plazos de cobro superiores a los 90 días en la mayoría de los casos. Los datos facilitados por Fomento hablan por sí solos.
Estos órganos institucionales, cuyo cometido es resolver las controversias de carácter mercantil relacionadas con el sector, recibieron el pasado año 7.226 demandas de contratos de transporte de mercancías, con un crecimiento del 55 por ciento sobre el ejercicio anterior. El 90 por ciento de las mismas exigían el pago de portes, capítulo que se disparó un 75 por ciento. Es decir, gestionaron la friolera de 6.513 reclamaciones por impago de portes, casi 2.000 demandas más que en todo 2008 incluyendo las referidas a retrasos en la entrega, daños o pérdidas u otras causas.
La estadística, en este sentido, confirma que las Juntas Arbitrales se presentan como una herramienta eficaz para los transportistas, que recurren cada vez con más frecuencia a estos órganos para resolver sus reclamaciones de carácter mercantil. Pero también deja sobre la mesa un problema incipiente que es el colapso de estos órganos institucionales ante la avalancha de demandas.
De hecho, a finales del pasado año, algunas Juntas Arbitrales aún se encontraban estudiando las reclamaciones planteadas en los meses de febrero y marzo debido a la falta de recursos, unas más que otras, para dar salida con rapidez a todas las demandas de los transportistas. A la vista de este espectacular aumento de la actividad de las Juntas Arbitrales en los últimos años, es de esperar que la Administración tome buena nota y eleve la dotación de estos órganos, que corren el riesgo de ‘morir de éxito’. Y es que de nada sirve ganar protagonismo, si al final dejas de ser operativo.
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