Las mafias golpean el puerto de Valencia

Las empresas de transporte han sufrido el incendio de 76 camiones en cinco años, mientras los sabotajes aumentan y el bajón de actividad provoca recelos y nerviosismo.

Las mafias mantienen en vilo el transporte de contenedores del puerto de Valencia, víctima del propio complejo entramado asociativo. Las empresas de transporte han sufrido 76 incendios de camiones en cinco años, mientras los sabotajes aumentan y el bajón de actividad provoca recelos y nerviosismo entre empresas y autónomos

La guerra por el control del transporte de contenedores en el puerto de Valencia se recrudece. Pese a la actuación judicial de marzo de 2005 contra la entonces cúpula directiva de Transcont, nada ha cambiado. En Valencia, al igual que en los puertos de Bilbao y Barcelona, no se ha dejado de hablar en ningún momento de mafias en las dársenas y de dinero negro. Es el talón de Aquiles del sector, ahora acuciado por una caída de actividad que se sitúa en el 35 por ciento. Pero este bajón sólo es un disfraz de una realidad que apunta a la existencia de grupos organizados que quieren impedir el desarrollo del negocio. La mafia portuaria existe, hay grupos organizados que delinquen, queman camiones, pinchan neumáticos y coaccionan a empresas, chóferes y autónomos.

Pero conocer quién es o acertar a saber quién dirige una oleada de actos vandálicos que dura cinco años es imposible. Las investigaciones realizadas por Policía Nacional y Guardia Civil no dan resultados. No hay detenciones. Cierto es que al escenario de guerra por la tarta del transporte portuario no ayuda la actual crisis económica que ha llevado en los últimos meses a cerrar agencias, prescindir de autónomos o al despido improcedente de chóferes. Hoy, de las 3.000 cargas habituales en el puerto, sólo 2.000 contenedores de import-export se transportan diariamente. Y los precios son más bajos que hace dos años. Por ejemplo, un porte ida y vuelta con Castellón sale por 180 euros. La batalla por cada viaje es encarnizada.

El nerviosismo y la desesperación por la contracción de la demanda se une al complejo enjambre asociativo portuario, donde coexisten hasta seis asociaciones de empresas y autónomos que pelean por el control de las cargas de la dársena. Todas estas asociaciones mantienen un “numerito” o “distintivo” en la mayoría de los camiones. Es una pegatina numerada, el origen del problema para aquellos empresarios que defiende la libertad de mercado frente a los que se emplean en convertir el negocio en un gueto. Según Transcont, la única razón para mantener la pegatina es “que las terminales sepan el número de asociado al que le tienen que pagar indemnizaciones por retrasos”. Pese a eso, es el número, su tenencia y su compraventa lo que provoca sabotajes y actos violentos, endémicos en un sector que tiene un volumen de negocio anual de 300 millones de euros.

Un sector estructurado en el puerto de Valencia por 150 compañías. Empresas integradas en tres asociaciones, con 1.900 camiones, y un colectivo de 900 autónomos, agrupado en otras tres organizaciones. Hay quien echa la culpa a Transcont, que cobra a cada autónomo 300 euros por afiliarse para conseguir así la pegatina, que en el mercado negro llega a valer hasta 30.000 euros. Transcont niega toda relación con esas posteriores transacciones. Por su parte, tanto ELTC como la mayoría de empresarios consultados por TRANSPORTE XXI afirman que “la compraventa ilegal de números es una práctica olvidada, del pasado”.

Para la mayoría, “hoy no valen nada” y “están a punto de desaparecer”. Pero lo cierto es que casi todos los camiones que operan en el puerto llevan sus distintivos “para trabajar sin problemas”. Incluso hay camiones con dos o tres pegatinas, fruto de su paso por varias asociaciones. Números a 30.000 euros El punto álgido en la creación de los números, una receta importada del puerto de Barcelona pero inventada en Bilbao, se produjo en junio de 2004, cuando la entonces conocida como “trilateral del transporte portuario”, formada por ELTC, AIT y Transcont, decidió su puesta en marcha. Para hacer frente a la quiebra de muchas empresas y a la presunta ilegalidad documental de camiones foráneos, crearon un censo de vehículos, numerando los camiones de cada una de las asociaciones.

El censo se cerró en 2.854 vehículos y cada asociación repartió a sus afiliados las correspondientes pegatinas. La cifra de camiones quedó bloqueada, por lo que aquellos empresarios que pretendían ampliar flota tenían que acceder a comprar empresas, camiones a otras compañías o apoyar su estrategia de crecimiento en los autónomos. Transcont siempre funcionó como una bolsa de trabajo en las puntas de faena de los flotistas, ya que no comercializaban, y era la única forma de operar para las agencias. En aquella época, la respuesta a trabajar sin la famosa pegatina, por la que algunos empresarios o autónomos llegaron a pagar hasta 30.000 euros, era escalofriante. “Un Nissan Patrol de Transcont patrullaba el puerto y al que no tenía pegatina le sacaban de la cola”, apunta un empresario de la época ya jubilado. Después de aquello vino una retahíla de camiones quemados, ruedas pinchadas, amenazas y coacciones.

Durante años ha imperado una ley del silencio entre empresarios y autónomos en Valencia. Hoy sigue vigente. Nadie quiere poner punto y final a un entramado que preocupa mucho al propio puerto. “No queremos un censo cerrado, sino un espacio abierto y que sean los transportistas los que compitan en un mercado libre”, apunta un portavoz de la Autoridad Portuaria. En ese escenario de un pasado que parecía estar olvidado, los graves incidentes acaecidos este mes han devuelto la intranquilidad al negocio. Por un lado, la empresa Chema Ballester sufrió sabotajes en seis camiones, con el resultado de 63 ruedas pinchadas. Por otro, pegaron fuego a una de las tractoras de Toysán Transport. José María Ballester enlaza como posible causa del sabotaje ocurrido en su empresa la política mantenida por ELTC de denunciar a las agencias que trabajan sin autorización.

Pero el propietario de Toysán, José María Sánchez León, va mucho más allá. Culpa a los propios empresarios de los incendios y pone nombres a la mafia portuaria. Sánchez León, propietario de dos empresas, Serca y Porteadores, con ocho números de ELTC, y Toysán Transport, integrada en Transconval, señala a este periódico que “la mafia la pagan los de los trajes”, afirmando que “detrás de la quema de los camiones están los grandes transportistas”. El empresario asegura que “ELTC y Transcont son lo mismo. Sólo que estos últimos son los que van a pegar fuego”.

Sánchez León dice que no ha tenido que pagar nunca por un número. Pero acusa a ELTC y Transcont: “Hicieron el censo como ellos quisieron, se pusieron los camiones que quisieron y para ampliar en un camión tenías que gastarte ocho, diez o veinte mil euros que te pedían ellos mismos”. El propietario de Toysán señala que “yo fui cuarenta veces a ELTC para decirles que me estaban pinchando ruedas y a mí el presidente me respondió: ‘sé bueno’. ¿Qué más se puede decir? Ser bueno para ellos es comprar el número o no comprar camiones”. Señala que las coacciones siguen. En agosto de 2008 recibió un SMS amenazante: “no compres más camiones, cabrón”. Y hace poco “mi hijo fue a llevar un taco de órdenes de transporte y le entraron cinco personas diciéndole que ‘tanto trabajo no se puede tener’. Cada vez que suena el teléfono me pongo a temblar”, concluye.