Ni la crítica situación que viven las empresas de transporte por carretera ni la reducción de la circulación de vehículos en los viales españoles -un 10 por ciento, según la Dirección General de Tráfico- y, más en concreto, en la autopista AP-7, como consecuencia de la crisis económica, ha tenido en cuenta la Generalitat de Cataluña a la hora de fijar las restricciones de circulación a los vehículos pesados en 2009.
Al Gobierno autonómico no le ha temblado el pulso en volver, como ya hizo en 2008, a cortar el paso a los camiones en toda la autopista AP-7, desde Amposta (Tarragona) a la frontera, en ambos sentidos, eso sí, en días de operaciones especiales.
Se trata de la principal vía de comunicación con Francia y, por lo tanto, la medida afecta tanto al transporte con origen y/o destino en Cataluña como al que cruza Los Pirineos.
El sector no entiende que se haya incrementado más de un 900 por ciento las restricciones en esta importante vía en ocho años. Aún lo entiende menos teniendo en cuenta la situación actual y que afecte a la totalidad de la autopista, cuando los problemas se suelen dar en tramos muy concretos.
La Generalitat lo ha hecho sin argumentarlo, echando más leña al fuego, se queja el sector. Seguramente, es que no hay argumentos para justificar unas restricciones que tendrían que haber sido las menos posibles, ajustadas a la situación real de congestión.
El transporte lleva años reclamando unas restricciones armonizadas en todo el Estado. Pero, los tiros van por otro lado y alguna otra comunidad barrunta sumarse a la estela de Cataluña y El País Vasco. Al reino de taifas que es la situación actual, le espera larga vida.
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