Los grandes puertos abogan por la desregulación de servicios y flexibilizar el sistema tarifario para paliar la gravedad de la crisis.
Puertos del Estado ha dado un giro radical a sus relaciones con los protagonistas del negocio portuario abriendo una vía de diálogo para que la futura Ley sea posible. Laxe tratará en septiembre de alcanzar un pacto sobre el modelo de tasas y estiba en la línea marcada por los grandes puertos que abogan por desregular y flexibilizar el modelo
El presidente de Puertos del Estado, Fernando González Laxe, está corrigiendo parte de la labor de su predecesor, Mariano Navas, tras haberse encontrado con un anteproyecto de Ley de Puertos en el Congreso de los Diputados que “no aguanta un pacto”, según reconocía a este periódico un presidente de una importante autoridad portuaria. El “método Laxe” es diferente. Su máxima dice ser la lógica y por añadidura el diálogo, por lo que Laxe está escuchando a todas las partes, aunque aún sin posicionarse.
De hecho, tras el cónclave con el sindicato Coordinadora y la patronal Anesco, celebrado el pasado 8 de julio, Laxe se comprometió a formar una mesa de trabajo en septiembre para “alcanzar un consenso” y remitir un informe al parlamento para suavizar el proyecto. Un debate que debe afrontar si los servicios portuarios deben mantener la titularidad pública o no. Y aquí, es donde reside el problema.
En los últimos cinco años el modelo impulsado por Puertos del Estado quiso devolverse al iniciado en 1986 de la mano de Fernando Palao, que siempre defendió por activa y pasiva la necesidad de que las autoridades portuarias tuvieran el 51 por ciento de las sociedades de estiba. Este modelo saltó por los aires con la Ley de Puertos de 2003 impulsada por el Partido Popular, que transformó y modernizó el modelo con la creación de las APIEs, cuyos accionistas son las empresas estibadoras. Contra este modelo, el PSOE presentó un recurso de inconstitucionalidad, del que cinco años después nada se sabe.
Fue el primer paso de una guerra abierta por Fomento, con la llegada del Gobierno de Zapatero al poder en 2004, y que se evidenció en la postura de Navas y Palao contra el IV Acuerdo Marco. Hoy todo indica que la guerra contra Anesco y Coordinadora, máximos defensores de las APIEs, ha cesado tras la llegada de Laxe. De hecho, los grandes puertos abogan claramente por la desregulación de los servicios y flexibilizar las tasas para paliar la gravedad de la crisis económica. Por su parte, el PSOE dice “tener prisa” para aprobar el proyecto y busca un pacto con el PP.
Los populares defienden las APIEs, por lo que el pacto está lejano, ya que el PP quire la liberalización y no la “renacionalización” de las sociedades de estiba. Por último, Laxe adelantó a las autoridades portuarias el pasado 10 de julio el calendario de negociaciones del proyecto de Ley de Puertos en septiembre, tras conocer las asignaciones (ver cuadro superior) que cada puerto recibirá en 2009 del fondo de contribución, donde se han repartido 45,9 millones de euros.
© 2024, todos los derechos reservados.