La segunda propuesta de modificación de la Ley de Puertos del Gobierno de Zapatero, que espera enmiendas en el Congreso de los Diputados, sufrirá una ligera reforma si se confirma el preacuerdo alcanzado entre el PSOE y el Partido Popular. Descartado el veto a la totalidad del PP, ambos partidos han madurado un paquete de enmiendas que arregle parte del desaguisado entregado por el Gobierno de Zapatero al Parlamento en marzo.
El negocio portuario español, que necesita un urgente pacto de estabilidad, viene sufriendo en los últimos cinco años la ausencia de un marco jurídico estable que permita lograr una estabilidad tarifaria y una desregulación abierta del modelo de estiba. Para ello, el PSOE parece haber dado marcha atrás en la imposición de un doble modelo, privado y público, en la estiba y apostará por el sistema de APIEs, incluyendo algún mecanismo de veto en sus decisiones de la Autoridad Portuaria para salvaguardar el interés general.
Para ello, el PSOE ha confirmado al PP que retirá el recurso de inconstitucionalidad contra las APIEs que tiene pendiente la actual Ley de Puertos, abandonando la política impulsada en la materia durante la pasada legislatura.
En el aspecto económico se pretende reformar parte del marco tarifario con una tasa única y un tope de bonificaciones para los puertos, donde los pleitos derivados de la aplicación de las tasas superan los 100 millones de euros. Si el pacto político se confirma habrá que observar con lupa el verdadero espíritu de esta reforma y su alcance. Si PSOE y PP eligen una ruptura pactada hacia la liberalización o sólo tenemos un mínimo parche para otro rato. Toca esperar.
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