Pere Macias, portavoz en la Comisión de Fomento del Grupo Parlamentario Catalán, asegura que “en las liquidaciones de obra pública portuaria se toman, a veces, decisiones que no están muy sujetas al ordenamiento jurídico, pero que tienen su lógica por el sobrecoste del conjunto de la obra.
Que nadie se rasgue las vestiduras porque pasa”. Así responde Macias cuando TRANSPORTE XXI le pregunta, en la entrevista que publicamos en la presente edición, sobre el presunto fraude que la Fiscalía está investigando en una de las obras de ampliación del puerto de Barcelona, que podría alcanzar los 30 millones.
Macias sabe perfectamente de qué habla. No en vano ha ejercido puestos de responsabilidad en la Generalitat de Cataluña, entre ellos, el de consejero de Política Territorial y Obras Públicas (1997-2001). Macias ha venido a decir en voz alta lo que casi todo el mundo intuye que pasa en la obra pública. Asegura el Diputado de CiU que en las liquidaciones se juega con las partidas económicas de las diferentes actuaciones, pero que el coste final para las arcas públicas es el mismo.
Vamos, que el sobrecoste que puede aflorar en una actuación de la obra se abona con cargo a la partida asignada a otra actuación. Macias reconoce que es una irregularidad que se viene cometiendo con frecuencia en las liquidaciones de obra pública. Esto plantea dos problemas. Primero, lo que Macias denomina “irregularidad disculpable” implica falsificación en documento público, que está tipificado como delito en nuestro Código Penal, lo que exige que la Administración ponga fin ya a esta práctica o que el Legislativo ampare la misma bajo el paraguas normativo.
El segundo, que esta práctica “irregular”, donde se juega con las partidas en función de los sobrecostes y al margen de las asignaciones presupuestarias, es una puerta abierta a la corrupción, para que los listos de turno acaben con el dinero público en sus bolsillos. Y esto ya no es ni irregular ni disculpable.
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