Se declara insolvente ante una sanciónv de 7,5 millones de la Seguridad Social.
El juzgado de lo Mercantil número uno de Valencia ha aprobado el concurso voluntario de acreedores solicitado por la mercantil Llacer y Navarro, segundo gran flotista frigorífico de España en ventas. La compañía se ha declarado insolvente ante la imposibilidad de hacer frente a una sanción de 7,5 millones de la Seguridad Social.
El futuro del segundo gran flotista frigorífico de España en volumen de facturación, la firma Llacer y Navarro, está amenazado. El presente de los 900 trabajadores y autónomos que trabajan de forma directa e indirecta para el grupo valenciano, que preside José Llacer Cañamás, tiene los días contados si el operador no logra levantar el concurso de acreedores que ha tenido que presentar incapaz de hacer frente a una sanción de la Seguridad Social.
El Juzgado de lo Mercantil número uno de Valencia ha aprobado el concurso voluntario solicitado por la compañía de transportes, con un pasivo de 7,5 millones de euros, según han confirmado a TRANSPORTE XXI fuentes del grupo, con sede central en Oliva. Este pasivo proviene principalmente de una sanción por un valor aproximado de 3,5 millones de euros impuesta por la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social de Valencia.
A esta cantidad se añaden otros cuatro millones que el grupo Llacer y Navarro, también a raíz de una resolución administrativa, tiene que devolver a las cooperativas de transportistas con las que había contratado a profesionales autónomos para sus tráficos nacionales e internacionales.
La inspección realizada por Trabajo analizó las contrataciones de personal autónomo realizada por el flotista valenciano, llegando a la conclusión de que “los autónomos no pueden trabajar por cuenta ajena, sino por cuenta propia, por lo que (la empresa) tiene que cotizar de la misma forma que si se tratara del personal propio, pues más del 70 por ciento de la actividad de estos transportistas es subcontratada por Llacer y Navarro”, según señalan fuentes solventes.
Llacer y Navarro solicitó a la Seguridad Social abonar la sanción en un plazo de cinco años, llegando, incluso, a depositar un aval por el montante económico de la misma. Sin embargo, según fuentes del grupo valenciano, “el recaudador se ha negado, nos dijo que teníamos que abonar la sanción antes del día 30.
En caso contrario, nos bloqueaban nuestras cuentas bancarias y las de los clientes para ejecutar, con lo que no hemos tenido otra salida que presentar el concurso”, matizando que a la Seguridad Social “sólo les mueve un afán recaudador increíble y no el presente y futuro de más de novecientas familias”.
La historia no es nueva. Otras empresas de transporte como Trans Nagar, Transportes Marzal, Disfrimur y RLC también han sufrido o sufren idéntico problema con las cuotas a la Seguridad Social de los autónomos dependientes, situación que ha abocado a Llacer y Navarro a presentar el concurso voluntario para obtener una quita que pueda viabilizar su futuro.
Desde Llacer señalan que el acta de la Seguridad Social no sólo “ha provocado” una multa y el concurso, sino la imposición a realizar cambios contractuales con 300 autónomos, una situación que “ha obligado a reestructurar nuestra viabilidad económica en un momento problemático para acceso al mercado financiero”.
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