Los puertos de interés general se caracterizan por la existencia de una “competencia feroz entre los usuarios que conviven con situaciones de monopolio”, que “obstaculizan el desarrollo de la actividad de las empresas que componen la comunidad portuaria”. Así lo puso de manifiesto Juan Martínez, presidente de Logidigal -agrupación de empresas de transporte y logística vinculadas al puerto de Vigo-, en el marco de la clausura del III Curso de Logística del Transporte Marítimo, que organiza la Universidad de Vigo.
Martínez señaló que “las sociedades de estiba son un claro ejemplo de este monopolio al configurarse como empresas en las que el 51 por ciento del capital pertenece a la Autoridad Portuaria y por tanto, ésta decide el coste de los trabajadores portuarios y los horarios de trabajo independientemente de la necesidad real de las empresas”. Así, añadió, “cada Autoridad Portuaria fija salarios y horarios, lo que determina que el embarque y desembarque de las mercancías se realice en un puerto u otro”.
El presidente de la patronal también apuntó que “otro apartado que vulnera la libre competencia es la configuración de determinadas tasas portuarias, que se traducen como avales que deben adelantar los consignatarios, ya que los plazos que disponen para pagar los impuestos y tasas portuarias son muy inferiores a los fijados para el cobro de sus clientes”. En este sentido, el sector marítimo-portuario “actúa de mero recaudador para la Autoridad Portuaria, mermando su capacidad para desarrollar la actividad que les corresponde”, explicó Martínez.
En la misma línea, el consejero de la Comisión Nacional de la Competencia, Julio Costas, lamentó los “escasos avances realizados en la liberalización de los servicios portuarios”, como ya recoge el informe de la CNC sobre el anteproyecto de la Ley de Puertos. Costas aseguró que “el sistema de exclusividad de los estibadores y su régimen laboral supone un elevado grado de distorsión competitiva y encarece significativamente los costes”.
Por último, el jefe de explotación de la Autoridad Portuaria de Vigo, Rubén Marín, centró la atención en la difícil convivencia de los principios de “solidaridad” y “competitividad” que establece la Ley 48/2003 para el sistema portuario de interés general. En este sentido, destacó el avance que supone el nuevo proyecto de Ley, que establece la aprobación de las tasas en cada puerto por parte de cada Autoridad Portuaria.
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