Tal vez se deban dejar reposar los avances plasmados en las últimas leyes del sector
El plan de choque trimestral aprobado por el Gobierno para ayudar a los sectores más afectados por las consecuencias de la invasión de Ucrania ha desatado nuevos roces entre transportistas y parte de sus clientes a cuenta de la bonificación de 0,20 euros/litro aplicada al combustible que algunos grandes cargadores pretendían aprovechar para rebajar el precio de los portes.
Un desencuentro que tiene ecos de viejas prácticas y que ha obligado al Ministerio liderado por Raquel Sánchez a publicar una “nota metodológica” que deja cristalinamente claro que este sistema de bonificación -unos 600 millones en tres meses- está dirigido a apoyar a las empresas de transporte por encontrarse estas en graves dificultades derivadas del repunte del precio del combustible y, por tanto, no estaba destinado a mejorar las cuentas de los clientes.
Quizá peco de excesiva candidez, pero estaba convencido de que cargadores y transportistas se encaminaban a relacionarse como socios logísticos estratégicos sin desequilibrios de poder y sin recorte de márgenes de rentabilidad para la parte más débil de esta siempre controvertida relación: las empresas transportistas. Tal vez se deban dejar reposar los avances plasmados en las últimas leyes del sector y no pretender que una relación tan desequilibrada durante tantos años se nivele en pocos meses.
Otra buena noticia es que muchas empresas ya han empezado a recibir las ayudas directas acordadas por el Ejecutivo -otros 450 millones- de forma que cada una puede disponer de 1.250 euros por camión o de 950 por autobús hasta un máximo de 400.000 euros por empresa. Un respiro financiero para nuestras compañías logrado gracias al encomiable trabajo del Comité Nacional y del propio Ministerio de Transportes -junto a Hacienda y Economía- que han sabido empatizar con un sector estratégico para la actividad económica.
Ramón Valdivia
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