Los críticos afirman que el enredo normativo favorecerá las trampas que pretende restringir la propuesta de transparencia que quiere asentar Siim Kallas en el mercado.
Las asociaciones de armadores quieren que exista una mayor profundidad en el debate en torno a la reforma portuaria que ha planteado Sliim Kallas, Vicepresidente de la Comisión Europea. Los críticos con el paquete portuario afirman que el enredo normativo favorecerá las trampas que pretende restringir la propuesta de mayor transparencia
Las navieras han recibido con sentimientos encontrados las nuevas líneas maestras de Bruselas en materia portuaria, a pesar de que se asegura que los cambios de la Comisión “impedirán posibles abusos de precios por parte de los operadores con derechos de exclusividad”. Según el rotativo Lloyd´s List, la Autoridad Portuaria de Rotterdam, principal puerta de entrada europea para contenedores, aduce que estas propuestas aumentarán la burocracia. Mientras tanto, los navieros agrupados en ECSA han pedido que se profundice más en el debate, preguntándose si los reguladores europeos se han limitado a reflexionar con la cabeza puesta en las problemáticas propias de los trabajos portuarios y de las navieras especializadas en pasajeros.
El secretario general de ECSA, Alfons Guinier, ha matizado que “el último estudio de la Comisión Europea documenta muy bien que, aunque el trabajo en los puertos europeos está funcionando con relativo dinamismo, al mismo tiempo hay muchas prácticas restrictivas en varios de ellos”. El lobby de los transitarios de la UE (Clecat) describió que el paquete de medidas del Vicepresidente Siim Kallas, “es un paso en la dirección correcta”, aunque tenía reservas acerca de las prácticas restrictivas. La razón por la que la Comisión ha dado marcha atrás en la regulación de los servicios portuarios radica en que los 2.200 operadores portuarios emplean en Europa en torno a 110.000 estibadores. Los intentos anteriores de liberalizar la manutención portuaria, permitiendo a las plantillas de las navieras realizar labores de carga y descarga, han caído en saco roto tras las violentas protestas de los estibadores de Amberes y Rotterdam.
La Comisión quiere cruzar esa línea roja, proponiendo “más transparencia y procedimientos abiertos a la hora de escoger a los proveedores de servicios portuarios”. Sus propuestas incluyen normas para prevenir posibles abusos de precio y va en la dirección de introducir un comité de auditoría de los usuarios. La Autoridad Portuaria de Rotterdam y Deltalings (Asociación de Puertos Industriales), temen que designar un supervisor independiente en cada Estado miembro cree una montaña de retrasos y procedimientos innecesarios. En una declaración conjunta afirmaron que “este supervisor tendría que empezar a chequear los puertos en aspectos como las tarifas o el acceso al mercado”. El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria de Rotterdam, Hans Smiths, ha afirmado que “el nombramiento de los supervisores minaría los intentos de eliminar normas entorpecedoras de la actividad económica.
En Países Bajos una supervisión así no tiene valor añadido. Tras el proceso de autonomía del puerto en 2004, la Autoridad Portuaria firmó un convenio con Deltalings, que ha sido revisado por las Autoridad Holandesa de la Competencia. Smiths matiza que “estamos de acuerdo en establecer procesos eficientes y efectivos para fijar tarifas. En caso de que alguien tenga queja, puede dirigirse a las autoridades de la competencia”. Por último, el Grupo de Grandes Puertos Británicos critica que la reforma es un anacronismo y puede ser muy dañina para sus intereses. “Es innecesaria. Las empresas que participan en este tablero de juego no pedían una norma así. Esta legislación puede hacer mucho daño porque interferirá en prácticas asentadas y eficientes como la facturación, la gestión de tráficos. Esto puede dificultar la llegada de inversiones que contribuyan al crecimiento de Reino Unido”, matizan.
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