La ex cúpula de la asociación de transportistas del puerto de Barcelona se enfrenta a penas de siete y seis años de cárcel por asociación ilícita y extorsión continuada.
La ex cúpula de Transcont Barcelona ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para pedir la anulación de la sentencia que condena a Antonio García, ex presidente, y a otros cuatro miembros de la asociación a un total de 31 años de cárcel por asociación ilícita y extorsión continuada. La Fiscalía ha presentado el escrito de oposición al recurso
La ex cúpula de Transcont ha presentado un recurso de casación ante la sala segunda del Tribunal Supremo para pedir la anulación de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que condena a Antonio García, ex presidente, y a otros cuatro miembros de la asociación de autónomos del puerto catalán a un total de 31 años de cárcel por los delitos de asociación ilícita y extorsión continuada. Transcont Barcelona también pide la anulación de la sentencia, que declara su disolución y responsable civil subsidiaria. Por su parte, la Fiscalía ha presentado el escrito de oposición al recurso de casación. El ex presidente de Transcont, Antonio García, alías El Pistolas, fue condenado a siete años de cárcel el pasado enero.
Y a seis años de prisión Manuel Martorell, ex vicepresidente, José María Bragado, ex vocal, y los socios Luis Valverde, alías Espinete, y José Luis Pulido, alias El Puma. Todos ellos se encuentran en libertad hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo. Otros dos acusados miembros de Transcont fueron exculpados. La defensa de los condenados presenta recurso de casación por quebranto de forma, es decir, se vulneraron derechos a ser informados de la acusación y a tener un proceso con todas las garantías, entre otros argumentos. Todos ellos rebatidos por el escrito del fiscal, y algunos son reiteraciones de las alegaciones presentadas durante el proceso judicial y desestimadas en su día.
A juicio de la defensa, no hay pruebas de cargo en las que sustentar la condena de los acusados por los delitos de extorsión y asociación ilícita, lo que también es ampliamente refutado por la Fiscalía. “El desarrollo argumental es escaso y se limita a consignar la transcripción mecanografiada” de las declaraciones de los condenados, señala el Ministerio público. En el caso concreto de Antonio García y Manuel Martorell, “es un hecho probado” que “idearon la utilización de la estructura societaria que dirigían, Transcont, a fin de lograr un sistema de monopolio del transporte en la zona portuaria”.
Igualmente, “es un hecho probado como desarrollaron esa finalidad obteniendo ilícitamente cantidades de distintos transportistas”, que se hacían socios de Transcont para “eludir las acciones violentas que, en caso de negarse, sufrían”, añade el escrito fiscal. Para la otra asociación de transportistas que opera en el puerto, Ametraci, que ejerció conjuntamente con la Autoridad Portuaria de Barcelona la acusación particular, en el recurso de casación presentado por los acusados “no hay motivos de preocupación para suponer que se produzca una rectificación de la sentencia”, señaló el letrado de esta organización.
“Mantenemos que no hay pruebas de condena”, aseguraron fuentes la defensa. Ahora, el Tribunal Supremo se debe pronunciar si acepta o no el recurso de casación. De no aceptarlo, la única opción que queda a los condenados es el Tribunal Constitucional, “al que estamos dispuestos a acudir”, añadieron desde la defensa, aunque es muy difícil que admitiera el recurso, reconocen. En cualquier caso, la vía del Constitucional no paralizaría el cumplimiento de la condena. Si el Tribunal Supremo, acepta el recurso, resolverá en un sentido u otro.
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