Inician trámites legales con la presentación de un escrito ante el director del aeropuerto exigiendo un pronunciamiento, como paso previo a las actuaciones en vía jurisdiccional.
Las empresas courier que operan en el aeropuerto de Barajas están dispuestas a llegar a los tribunales si Aena no asume los nuevos costes en materia de seguridad derivados de la reciente auditoría de la Comisión Europea. Para ello, han presentado un escrito ante el director del aeropuerto, como paso previo a la actuación por vía judicial
Las empresas courier han decidido pasar a la acción y reclamar formalmente que sea Aeropuertos del Estado y Navegación Aérea (Aena) la que asuma los costes derivados de las medidas provisionales en materia de seguridad que se han debido adoptar en la primera línea del centro de carga de Barajas, como consecuencia de la auditoría realizada hace unos meses por inspectores de la Comisión Europea (CE) en el recinto del aeródromo madrileño. La delegación europea dejó en su momento sobre la mesa una serie de “no conformidades” en materia de seguridad que afectaban al lado aire de la primera línea del centro de carga aérea de Madrid-Barajas.
Las compañías privadas (Iberia Cargo, integradores y compañías de handling) tuvieron que solventar estas irregularidades a base del establecimiento de medidas provisionales, con el objetivo de evitar el cierre de la salida aire de sus instalaciones. A la espera de que se decida la puesta en marcha de las medidas definitivas, las privadas se han encontrado de cara con la negativa por parte de Aena a asumir los costes, tanto de las medidas provisionales como de las futuras medidas definitivas.
La negativa, anunciada de manera verbal por el director del aeropuerto, Miguel Ángel Oleaga, a las compañías privadas ha motivado que una parte de las empresas interesadas, representadas en la Asociación Española de Couriers Internacionales (AECI) haya decidido iniciar los trámites para acudir en último extremo a la vía jurisdiccional. Como paso previo y según ha podido conocer este periódico, con fecha 18 de febrero, se presentó de manera formal un escrito por vía administrativa dirigido al director del aeródromo madrileño. Ahora queda abierto un plazo de tres meses en el que el máximo responsable de Barajas deberá pronunciarse a favor o en contra de asumir el coste de las medidas de seguridad.
De no haber respuesta en ese plazo de tiempo se entenderá como silencio administrativo y, por tanto, que la misma es negativa. En ese caso, el siguiente paso a emprender por parte de las privadas será el de acudir ante el Consejo de Administración de Aena. Si la respuesta de este órgano volviese a ser negativa, las compañías couriers tienen previsto iniciar el procedimiento por la vía jurisdiccional.
Además, según fuentes solventes consultadas por este periódico, no se descarta que en el transcurso de las próximas semanas, tanto la aerolínea Iberia Cargo como las compañías de handling afectadas se puedan sumar al procedimiento iniciado por la patronal de los cuoriers internacionales. En sus alegaciones, las compañías privadas recuerdan que al tratarse de infraestructuras situadas en zona de dominio público las competencias en materia de seguridad deben ser asumidas por Aena y el Ministerio del Interior, como así se recoge en el Estatuto de Aena y en el convenio que firmó esta entidad con Interior.
Las privadas consideran, por tanto, que el coste de las medidas debe asumirlo Aena, que posteriormente deberá establecer una tasa que repercutirá en los operadores privados. Mientras se decide quién asume la financiación, el grupo de carga del Comité Local de Seguridad del aeropuerto sigue trabajando para establecer cuáles son las medidas definitivas a asumir en el lado aire del centro de carga de Barajas.
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