Los couriers no asumirán más tasas por la mejora de seguridad en Barajas

Abonan dos tarifas por utilizar el dominio público aeroportuario.

Las empresas courier, representadas en la Asociación Española de Couriers Internacionales (AECI), han dejado claro a este periódico que no contemplan la posibilidad de asumir nuevas tasas con las que se pretenda repercutir el coste de las nuevas medidas de seguridad en el centro de carga aérea de Madrid- Barajas, que las privadas entienden que tiene que asumir en su totalidad Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

Fuentes de AECI han confirmado a TRANSPORTE XXI que “ya existen tasas que son repercutidas y que están siendo abonadas por las compañías courier. En este sentido, respecto del asunto en cuestión es de aplicación el artículo 4 de la Ley 25/1988 que recoge como hecho imponible la utilización del dominio público aeroportuario en las operaciones de carga y descarga de las mercancías”.

Esto se grava actualmente con la tarifa E.2. Además, el artículo 4 de la referida Ley 25/1988 establece en su apartado t como hecho imponible “la prestación de los suministros, servicios, materiales y productos, incluidas las tarjetas de seguridad y demás acreditaciones emitidas para el acceso, no ocasional, de personas a las zonas restringidas de los aeropuertos facilitados directa o indirectamente por el aeropuerto, y la utilización del dominio público aeroportuario en las instalaciones y equipos necesarios para la prestación de los mismos”. Esta segunda tasa es la tarifa G.2.

De esta manera, los couriers abonan actualmente dos tasas (tarifas E.2 y G.2) que se corresponden directamente con la utilización del dominio público aeroportuario y que recogen también el ámbito de la seguridad en el mismo. Como ya adelantó este periódico, las empresas courier han decidido pasar a la acción y reclamar formalmente a Aena que asuma los costes derivados de las medidas provisionales en materia de seguridad que se han debido adoptar en la primera línea del centro de carga de Barajas, como consecuencia de la auditoría realizada hace unos meses por inspectores de la Comisión Europea (CE).

En este sentido, AECI presentó recientemente un escrito por vía administrativa ante el director del aeropuerto madrileño, Miguel Ángel Oleaga, exigiendo un pronunciamiento, como paso previo a las actuaciones en vía jurisdiccional. Antes de tres meses debería producirse un pronunciamiento oficial al respecto.