Los puertos dejaron de autofinanciarse cuando el Gobierno empezó a sufragar en 2002 los intereses de demora de las ‘refacturaciones ilegales’ giradas a navieras y agencias.
Los españoles pagarán 450 millones de euros por tarifas portuarias anuladas en los tribunales a las diferentes autoridades portuarias afectadas. Fomento asume sus errores pagando la deuda y los intereses, aunque, ante una quiebra del sistema portuario, las devoluciones corren sólo a cargo del bolsillo de los impuestos de los españoles
La deuda acumulada de los puertos españoles de interés general, dependientes del Ministerio de Fomento, por tarifas portuarias anuladas en los tribunales entre los ejercicios 1992 y 2003 asciende a la cantidad de 450 millones de euros, según ha confirmado TRANSPORTE XXI en fuentes solventes. Si bien, desde el organismo Puertos del Estado se matiza que “en tanto que no se produzca la ejecución de las distintas sentencias, una a una, no es posible conocer la cuantía exacta que adeuda cada autoridad portuaria”. El origen del problema fue la sentencia del Tribunal Constitucional de 1995 que declaró inconstitucional y nula la liquidación de la tarifa de mercancías, conocida como T-3.
La decisión del Gobierno, a través de Puertos del Estado, fue ordenar a las autoridades portuarias emitir nuevas liquidaciones de las tarifas, soportadas bajo las leyes de medidas fiscales de 1999 y 2000, pero en junio de 2009 el Tribunal Constitucional emitía una primera sentencia declarando inconstitucionales varios artículos de las mencionadas leyes fiscales y estableciendo que las tarifas portuarias deben considerarse como prestaciones patrimoniales de carácter público. La sentencia condenaba al pago de los intereses y del capital inicial, es decir, se consideraba que la refacturación era contraria a la ley y, por tanto, las autoridades portuarias que volvieron a liquidar en su día las tarifas están obligadas a su reembolso íntegro con intereses.
Sólo la Ley 48/2003 cortó esta sangría tarifaria, que será sufragada con dinero del erario público, procedente del fondo de contingencia. De hecho los errores legislativos en tarifas portuarias desde 1992 ya han costado varios millones de euros a las arcas del Estado, incumpliendo uno de los principios legales de la Ley de Puertos de 1992, aprobada por el PSOE, que era la autosuficiencia económica del sistema portuario español sin tener que depender de los Presupuestos Generales del Estado. De hecho, desde el ejercicio 2002 hasta 2006, los Presupuestos Generales del Estado tuvieron habilitada una subvención para abonar los intereses de demora de las tarifas impugnadas en la gran mayoría de las autoridades portuarias.
Esta provisión se dotó con 13,3 millones de euros (ver cuadro adjunto) entre 2002 y 2006, a la que hay que unir un crédito extraordinario de 29,2 millones de euros concedido por el Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2005. En total, entre 2002 y 2008 de las arcas del Estado salieron 42,5 millones de euros para el pago de intereses del conflicto. De estas provisiones, según los datos de Puertos del Estado, al cierre del ejercicio de 2008 se habían traspasado a diferentes autoridades portuarias importes por valor de 14,7 millones de euros, quedando una provisión de fondos de 27,7 millones de euros pendientes de redistribuir.
Y es que si el Gobierno de Zapatero autorizó en diciembre de 2005, por primera vez, la aplicación del fondo de contingencia para proceder al derivados de las diferentes sentencias sobre tarifas portuarias, el Consejo de Ministros del pasado 16 de abril autorizaba una segunda aplicación del fondo de contingencia, con la concesión de un nuevo crédito extraordinario por importe de 90,5 millones de euros a Puertos del Estado. La novedad de este crédito respecto al autorizado en 2005 es que ya tiene concedidos quiénes son las autoridades portuarias destinatarias que se benefician de él desde un primer momento.
En concreto, Tarragona recibe 52,8 millones de euros; Valencia, 22,5 millones; Barcelona, 7,8 millones; Málaga, 4,8 millones y Marín, 1,4 millones de euros. Tras este crédito, Fomento habría pagado un tercio aproximado de la deuda que tienen pendiente de pago las autoridades portuarias con navieras y consignatarias y que ha crecido notablemente como consecuencia de los intereses de demora. Al cierre de esta edición, fuentes de Fomento confirmaban que “se espera liquidar la totalidad de la deuda con sentencia firme en dos nuevas aplicaciones del fondo de contingencia”. Es decir, en las próximas semanas saldrán nuevas ayudas millonarias del bolsillo de los españoles para abonar tasas anuladas.
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