La UE quiere que se reduzcan un 14% en julio de 2013, pero los constructores reclaman que luego el recorte sea más progresivo.
Fiat, Mercedes y Renault son algunos de los fabricantes europeos de furgonetas que se han dirigido a la Comisión Europea para reclamar que haga más progresiva su anunciada normativa para reducir las emisiones de CO2 de las furgonetas nuevas. La norma supone una reducción del 14 por cientp en tales emisiones
Ante la fuerte oposición que ya había tenido en 2008 la normativa sobre reducción de emisiones que había puesto en vigor para los turismos, la Comisión Europea ha decidido retrasar un año la aplicación de una norma equivalente a las furgonetas, anunciando que los 175 gramos de CO2 por kilómetro deberán alcanzarse en 2013, en lugar de en 2012, como se deseaba inicialmente. La norma supone una reducción del 14 por ciento en tales emisiones.
Los fabricantes de estos vehículos podrán ser sancionados con multas de 120 euros por gramo de CO2 y vehículo por encima del límite que fija la norma, con una tolerancia de tan sólo 3 gramos de CO2 por encima del límite fijado. Algunas fuentes han sugerido que en la Comisión Europea estarían dispuestos a rebajar la sanción a 95 euros por gramo de CO2 y vehículo. Aunque no ha habido un rechazo oficial al límite de los 175 gramos de CO2, desde la Asociación Europea de Constructores de Automóviles (ACEA) se ha lanzado una fuerte campaña par frenar los planes posteriores de la Comisión Europea que quiere seguir recortando las emisiones de CO2 hasta dejarlas en un máximo de 135 gramos en 2030.
El consejero delegado de Iveco, Paolo Monferino, recordó recientemente que la industria del camión está afrontando uno de los momentos más difíciles de su historia, con una caída de cerca del 40 por ciento en Europa occidental hasta agosto y de un 70 por ciento en Europa oriental. “Y por tal motivo, es imprescindible evitar normas rígidas que, como la que se quiere aplicar ahora a las emisiones de CO2 de los comerciales ligeros, pongan al sector fuera de juego”, dijo Monferino, que volvió a insistir en la conveniencia de revisar los plazos de aplicación de normas ya aprobadas, como la Euro 6, que obligará a la industria europea a invertir de 6.000 a 8.000 millones en los años próximos.