El Comité de Representantes Permanentes de los Estados miembros de la UE (COREPER), a propuesta del Grupo de Trabajo sobre Transporte Marítimo del Consejo, se pronunció el pasado 7 de marzo por amplia mayoría en favor de que la responsabilidad civil de los armadores, en caso de daños a terceros, se siga regulando en la UE por medio de los convenios internacionales existentes y animó a los Estados que aún no han ratificado los mismos, lo hagan lo antes posible.
Dentro del tercer conjunto de propuestas normativas sobre seguridad marítima (también llamado Erika III), la Comisión Europea había propuesto una Directiva para establecer un régimen europeo sobre dicha materia que, aunque basada principalmente en el Convenio sobre Limitación de la Responsabilidad por Créditos Marítimos de 1996 de la OMI, se desviaba notablemente del mismo en varios aspectos sustanciales.
Los gobiernos de los Estados miembros, confirmando su compromiso con una política de refuerzo permanente seguridad marítima, han considerado que la mejor manera de hacerlo en este campo es “aplicar soluciones a nivel global, en el marco de la Organización Marítima Internacional, en lugar de soluciones concretas a nivel comunitario. La gran mayoría de las delegaciones del COREPER declararon no poder apoyar la propuesta de la CE, dada la naturaleza global del sector. La decisión ha sido bien acogida por el sector naviero europeo, que había valorado la propuesta como “desacertada y potencialmente contraproducente”.
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