El presidente de Anave asegura que en el tax lease “hay responsabilidad del Gobierno” porque “todas las construcciones fueron aprobadas por la Dirección de Tributos”.
Los armadores han reclamado a Almunia que no contribuya a la liquidación del sector con su decisión de que España devuelva las bonificaciones del tax lease. Según Utor, presidente de Anave, “en este asunto existe responsabilidad del Gobierno español, porque todas las operaciones fueron aprobadas por la Dirección General de Tributos”
La Asociación de Navieros Españoles (Anave) se muestra en contra de la devolución de las bonificaciones fiscales al sector para la construcción de barcos, conocidas como ‘tax lease’, pero considera que, en caso de que haya que restituirlas, la medida solo debería afectar al periodo que comienza en septiembre de 2011, que es cuando Bruselas abrió el expediente. En una rueda de prensa celebrada el pasado 4 de julio, el presidente de Anave y de Balearia, Adolfo Utor, indicó que desde la publicación de este “dictamen motivado” de la UE el 21 de septiembre 2011, apenas se produjeron encargos por parte de las navieras y de los inversores “ante la posibilidad de que los ‘tax lease’ pudieran ser ilegales”.
La fijación de esta fecha como referencia para la devolución contrasta con la de 2005 que ha manejado públicamente el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, correspondiente al momento en el que se reconoció la ilegalidad de las ayudas concedidas por Francia, país que nunca tuvo que restituirlas. Fijar la referencia en 2005 en el caso español obligaría a devolver casi 3.000 millones de euros.
Utor pidió al comisario de Competencia “que no se equivoque” y que no condene al sector a devolver unas ayudas que fueron además avaladas por el Gobierno español. “Una resolución en este sentido”, indicó acerca de la devolución, “supondría el certificado de defunción” para el sector. Los navieros forman junto a los financiadores los grupos que deberían devolver los ‘tax lease’, si bien el presidente de Anave dio por válida la tesis de los astilleros de que los afectados trasladarán a estos últimos la responsabilidad del pago. Se produciría un “efecto en cadena” porque los armadores “pleitearían con los astilleros”, advirtió.
De los 270 barcos construidos a partir de 2005, periodo de análisis manejado por la UE, 180 fueron encargos de inversores extranjeros, quienes no solo podrían iniciar reclamaciones judiciales, sino que dejarían de confiar en España. A pesar de que ya existe un nuevo ‘tax lease’ en el que se han eliminado posibles elementos contradictorios con la legislación comunitaria, el sector se encuentra en estado de “parálisis”, lamentó Utor. Los astilleros están viviendo una especie de “periodo vacacional”, sin apenas pedidos. El presidente de Anave insistió en que esta situación de incertidumbre pone en peligro la eficiencia del nuevo “tax lease”.
Asimismo, señaló que los pedidos han caído desde septiembre de 2011 y que, en un contexto marcado por la caída de la oferta, muchos países se han visto beneficiados al “quitarse de encima a un competidor tan importante como España”. La devolución de las ayudas “sería un atentado contra la seguridad jurídica que haría perder todos los clientes y que perjudicaría a España”, afirmó, antes de advertir del impacto que la devolución podría tener en la banca, que ejerció en muchos casos de financiadora de los proyectos.
La concurrencia de intereses internacionales hace que Anave se sienta confiada en que varios comisarios se muestren partidarios de la no devolución de los ‘tax lease’ españoles durante la reunión del Colegio de Comisarios del 17 de julio, con anterioridad al cierre de esta edición, en la que se adoptará la decisión final. En este sentido, el también presidente de la naviera Balearia reconoció que mantienen contacto con los comisarios europeos y que desde Anave creen que va a haber un apoyo importante ya que está en juego el futuro del sector naviero. “Cuando las cosas salen mal se tienden a buscar culpables”, añadió, quien reconoció que la situación actual es muy difícil para los astilleros “con o sin resolución”.
Los navieros piden a Almunia que no se equivoque y contribuya al fin del sector. Otro de los argumentos que maneja la patronal, y que ya fueron adelantados por el ministro de Industria, José Manuel Soria, es una carta remitida por la excomisaria de la Competencia Neelie Kroes en la que se aceptaban las bonificaciones. La asociación de navieros considera, además, que “el Estado español deberían hacer frente a una responsabilidad” por haber aprobado las bonificaciones durante años. “Todos los casos de ‘tax lease’ fueron avalados por la Dirección General de Tributos”, recordó. “El Gobierno ha ido aprobando una por una todas las operaciones, por lo que existe desde el punto de vista jurídico una responsabilidad del Gobierno español”, añadió Utor.
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