La medida, al igual que ocurrió en su día con el famoso céntimo sanitario, parece tener un afán recaudatorio, más que ser una cuestión de ‘justicia fiscal’
El fantasma de los peajes en las autovías españolas ha vuelto a hacer su aparición. “Las carreteras no son gratis, o bien se pagan con impuestos o con peajes”, advirtió el ministro de Transportes, Óscar Puente, en un reciente foro organizado por El Español. Es cierto que, posteriormente, a través de las redes sociales, matizó sus declaraciones: “no nos planteamos el pago por uso” y, en su caso, añadió, “sería deseable un pacto de país”. Sin embargo, la realidad es que la implantación de la euroviñeta ha vuelto a salir del cajón donde lo metió Pedro Sánchez en plena campaña electoral. Se trata de un nuevo globo sonda del Gobierno.
La excusa perfecta para reabrir este debate inacabado es el manido principio de que “paga quien usa las infraestructuras y quien contamina”, con las más que necesarias inversiones para su mantenimiento como telón de fondo. Pero no hay que olvidar que los usuarios de las carreteras ya contribuyen con holgura a su conservación a través del Impuesto Especial de Hidrocarburos y otras tasas, impuestos y gravámenes que afectan a los vehículos y la energía que usan. Es decir, el Estado ya recauda decenas de miles de millones de euros al año para sus arcas
Además, en el debate también habría que tener en cuenta que las carreteras no solo las usan los que tienen vehículos, sino la sociedad en su conjunto, que se beneficia de la gran labor de los transportistas, que hacen posible que las mercancías lleguen a su destino todos los días. Y, punto número dos, no se puede pasar por alto que la implantación de peajes tendría efectos negativos en la economía, ya que encarecería el precio de los productos, en un escenario de costes elevados, y lastraría la competitividad del pujante sector exterior. Y como país periférico, no parece la decisión más acertada para convertir a España en un hub logístico global.
La medida, al igual que ocurrió en su día con el famoso céntimo sanitario, parece tener un afán recaudatorio, más que ser una cuestión de ‘justicia fiscal’. Lo que sí está fuera de toda duda es que para hacer realidad el pago por uso de las infraestructuras viarias no solo sería deseable un “pacto de país”, sino alcanzar un consenso con el sector y la industria. Porque parece evidente que los peajes, más pronto que tarde, acabarán llegando.